En momentos en que la plenaria de la Cámara de Representantes debate el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural, radicado por el Gobierno Nacional en desarrollo del Acuerdo de Paz que dice defender, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) recordó que mediante el Decreto Ley 902 de 2017 se ordenó que todos los procesos agrarios sean decididos por los jueces de la República, nunca por la Agencia Nacional de Tierras.
Con el artículo 9 de este proyecto de ley, el Gobierno insiste en eliminar las garantías judiciales que hoy tienen los ciudadanos. Esto significa, si el Congreso así lo aprueba, que un funcionario del Gobierno será quien decida sobre los procesos agrarios y no los jueces de la República, como hoy lo establece la Ley.
Es importante recordar que el Gobierno ya había intentado quitarle esta función a los jueces a través del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que la Corte Constitucional declaró inexequible. Además, es clave que el Congreso y el país tengan en cuenta que la Agencia Nacional de Tierras, en julio de este año, demandó ante la Corte Constitucional todos los artículos del Decreto Ley 902 de 2017 que tienen relación con las garantías judiciales de los procesos agrarios.
Con esta demanda, el Gobierno pretende nuevamente que la Agencia Nacional de Tierras no solo investigue, sino que también decida sobre los procesos agrarios, hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y Rural. Es decir, sigue insistiendo en que no sean los jueces de la República quienes decidan sobre los procesos agrarios.
Para mantener las garantías judiciales que estableció el Acuerdo de Paz mediante el Decreto Ley 902 de 2017, es absolutamente necesario ajustar el artículo 9 del proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria y Rural. Eliminar la fase judicial de los procesos agrarios sería un enorme retroceso para la justicia en el campo colombiano.
