La Andi expresó su preocupación por el borrador de la ponencia de reforma tributaria que sería sometida a discusión por parte de las comisiones terceras de Cámara de Representantes y el Senado.

Se trata de un proyecto de ley que cambia significativamente las condiciones del texto que había sido sometido inicialmente a discusión el día 8 de agosto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por esta razón y por la trascendencia de esta reforma sobre la actividad empresarial, y la afectación de ciudadanos, consideramos de la mayor importancia que las mismas sean el producto de un debate nacional que permita en forma democrática tomar la mejor decisión para el futuro de Colombia.

A pesar de las múltiples reuniones sostenidas con representantes del gobierno nacional en cabeza del Ministro de Hacienda y con algunos de los ponentes congresistas, nos encontramos con sorpresa con una reforma de gran tamaño, la mayor de la historia de Colombia, que afecta la actividad empresarial y la inversión futura, un año después de haberse tramitado otra reforma que concentró el esfuerzo en los empresarios, emprendedores e inversionistas del país.

Muchos hicimos un gran esfuerzo por tratar de transmitir la preocupación de economistas, empresarios y empresas por el efecto que se pudiera producir sobre la actividad económica, la generación de empleo y la inversión en el país, pero infortunadamente sentimos que no ha tenido resonancia la gravedad de los efectos que habrá sobre la economía y las familias colombianas. A pesar de que, si hay algunos cambios y ajustes frente a la propuesta inicial, hoy debemos decirle al país que de aprobarse esta reforma el efecto sobre el empleo y las familias colombianas será lamentable, y todos debemos ser conscientes de esa realidad.

Parece especialmente equivocado generar tan onerosas cargas sobre el sector petrolero y minero, que indiscutiblemente ha sido soporte para una buena parte de la economía nacional durante los últimos años. Nadie duda de la necesidad de adelantar un proceso de transformación energética, pero no es comprensible que hoy decidamos como, marchitar a un sector que ha sido vital para el crecimiento económico y la financiación del Estado durante los últimos 10 años, por lo menos.

Gran debate género la publicación del estudio que mostró como Colombia es una de las economías con mayores tasas efectivos de tributación del sector empresarial. Sorprendentemente, y casi por primera vez en la historia, surgieron argumentos que niegan esta realidad, registrada no solamente por los balances de las compañías, sino por entidades como el Banco Mundial, o la OCDE.

Llegar a que la tasa de tributación total de la economía como porcentaje del Producto Interno Bruto sea la misma de los promedios internacionales, sin lograr que la totalidad de los colombianos o sectores económicos tributen, no puede ser considerado un logro, por el contrario, debería ser considerado como una profundización de las distorsiones que tanto afectan al porcentaje formal de la población y empresarios colombianos.

Ha hecho carrera la idea de qué los que pagan impuestos pueden pagar un poco más, y esto es un concepto profundamente equivocado y aunque no allí hayamos sido capaces de sensibilizar a los tomadores de decisión todavía respecto de su posible impacto negativo sobre la economía, lo cierto es que nos puede estar conduciendo a una situación de daño irreversible.

Sinceramente mantenemos la esperanza de qué durante las deliberaciones y votaciones de las comisiones y el debate de plenarias, el Congreso de la República corrija esta preocupante situación, de lo contrario estaremos llevando a la economía colombiana a una situación sin precedentes en términos de pérdida de competitividad autoinfligida, que probablemente sería una de las mayores sorpresas en momentos en los cuales la economía colombiana y la economía mundial se encuentran ante la inmensa amenaza de caer en recesión.

Como marco general de análisis pedimos se tenga en cuenta que el Estado colombiano ha venido aumentando significativamente su recaudo durante estos años. Es así como en el año 2021 el total de recaudo estuvo en cerca de 160 billones de pesos, en el año 2022 subió o subirá a más de 200 billones de pesos y se espera que el año 2023 se incremente a 242 billones de pesos.  Esto significa que en sólo dos años el recaudo se ha aumentado en 80 billones de pesos anuales, que en cuatro años suman más de 240 billones de pesos. Si se adicionara una reforma tributaria de 22 billones de pesos anuales, que según cálculo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público subirá a 25 billones de pesos, estamos entonces hablando de un incremento adicional de 75 billones de pesos.  Es decir, el Estado colombiano en estos cuatro años recibirá un recaudo adicional que supera los 300 billones de pesos, una administración juiciosa y disciplinada debería ser capaz de adelantar muchos de sus programas, incluyendo la implementación del proceso de paz, con los dineros adicionales que ya le han sido garantizados por parte del sector empresarial y la ciudadanía, que superan con creces las necesidades identificadas.

Cabe recordar que, sin reforma tributaria, el gobierno nacional recibirá ingresos adicionales de 287 billones hasta el 2025, o 369 billones hasta 2026.

El empresariado colombiano ha demostrado su compromiso con el país no sólo generando empleo productos y servicios, sino aportándole a los recursos que ha requerido, como fue el caso de la reforma del año 2021, que en entrará en vigor plena el año entrante, en la cual le pedimos al gobierno que no les cobrará impuestos a las personas concentrando el esfuerzo en las empresas.

Hacemos un llamado a las autoridades económicas, y al Congreso de la República para que tenga en cuenta estas reflexiones producto de la realidad.