A raíz del acercamiento con los palmicultores, Fedepalma ha identificado tres grandes preocupaciones que los afectan y requieren atención prioritaria “si queremos mantener un buen desempeño como sector”, afirmó el presidente del gremio, Nicolás Pérez.

La primera es la inseguridad, que viene en franco deterioro. En el último año las acciones delictivas en nuestras zonas palmeras han aumentado un 33%, llegando a cerca de 2.152 hechos registrados en todas las zonas palmeras del país.

Ejercicios de revisión desde la federación nos indican que al menos las dos terceras partes de nuestros agremiados se han visto afectados por conductas delincuenciales durante el último año.

El incremento de los hechos delictivos, sumado a la creciente presencia de actores ilegales en gran parte de las zonas palmeras, nos ha obligado a plantear propuestas para enfrentar el deterioro de las condiciones de seguridad.

Es así como en los primeros meses de este año desarrollamos el Primer foro de seguridad palmero, espacio que contó con la asistencia de 45 empresas agremiadas, junto con el Ministerio de Defensa, el GAULA de la Policía Nacional, el GAULA de las Fuerzas Militares y la DIJIN de la Policía Nacional.

Este espacio nos permitió entender las preocupaciones específicas de los palmicultores en territorio, así como visibilizar el seguimiento de la Federación en nuestras zonas y resaltar la importancia de que la información fluya internamente para facilitar a las autoridades realizar acciones concretas para mejorar la seguridad.

Para este fin, este ejercicio se replicará regionalmente durante el segundo semestre, pues entendemos que es clave compartir espacios directos con las autoridades regionales y definir acciones de prevención y disuasión acorde a las dinámicas de cada territorio. Adicionalmente, realizaremos talleres y capacitaciones para que los palmicultores entiendan cómo pueden acceder a los mecanismos de denuncia establecidos.

La Federación invita a construir redes seguras entre productores y autoridades, además de fomentar la comunicación formal con las autoridades nacionales, la coordinación con los GAULA y las denuncias ante autoridades judiciales. Un ejemplo notable es la denuncia presentada por Fedepalma respecto a los delitos en Tibú, que permitió la intervención de una fiscal especializada y un equipo nacional para abordar el proceso de manera más eficiente.

Sin embargo, los temas de seguridad son más amplios y no se limitan a su componente físico. La seguridad jurídica también se ha deteriorado trayendo consigo incertidumbre e inestabilidad.

Esta incertidumbre constituye uno de los desafíos críticos que enfrenta el sector para su desarrollo y crecimiento de mediano plazo, aspecto que está por fuera del control de los productores, y que requiere una política clara del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de todo el Gobierno nacional. La expedición de resoluciones sin consulta y propuestas que desconocen la normativa específica que rige nuestros instrumentos parafiscales generan mucha preocupación.

Además, el proyecto de ley sobre la Jurisdicción Agraria que actualmente estudia el Congreso de la República, con un ámbito que trasciende los temas relacionados con la tierra, amenaza los principios de igualdad en el derecho de defensa y la confianza en las transacciones económicas que se adelantan en el ámbito rural, generando inseguridad entre los productores.

No olvidemos que la confianza es una condición esencial para la inversión y el desarrollo de los negocios. La confianza es la principal contribución que el estado puede hacer a la reactivación de la economía y el desarrollo del campo.

La segunda preocupación es la ILEGALIDAD en la comercialización del fruto de palma de aceite, agravada por el mal uso de la figura de ordenantes de maquila de fruto, que está debilitando nuestro modelo de núcleos palmeros, basado en una relación fuerte entre plantas extractoras y palmicultores.

Según cálculos de FEDEPALMA, bajo la figura de ordenantes de maquila en 2023 se comercializó y procesó un poco más del 10% del total de la fruta en el país. El mal uso de esta figura por parte de personas externas a nuestro sector, ha promovido la proliferación de básculas informales, especialmente en las zonas Central y Norte, que vienen debilitando la relación entre núcleos y proveedores, fomentando una cultura de informalidad que socavan el modelo de comercialización transparente que siempre nos había diferenciado del resto del sector agropecuario.

Hemos presentado una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para verificar los pesos y precios en 12 de esas básculas que compran fruto de palma. Lo que se busca con esto es que se realicen operativos que verifiquen el cumplimiento de la norma con posibles sellamientos preventivos para quienes no lo estén haciendo. El fin es el bienestar del palmicultor y garantizar una comercialización transparente.

Además, estamos trabajando con la DIAN en un programa de fiscalización tributaria para verificar el cumplimiento de la normativa por parte de las básculas, garantizando los pagos correspondientes al IVA y la parafiscalidad palmera. Para que se den una idea del grado de evasión, los ordenantes de maquila tienen una deuda de 10.000 millones de pesos con el FEP, afectando su buen funcionamiento y poniendo una carga financiera adicional sobre los palmicultores que están haciendo las cosas de acuerdo con las reglas del juego.

La tercera preocupación tiene que ver con la disponibilidad de mano de obra, que tal vez constituya nuestro principal desafío de largo plazo.

La transición demográfica en nuestro país se ha acelerado. De acuerdo con el DANE, el 2023 fue el año con el menor número de nacimientos en la última década. Más aún, la reducción sistemática en los nacimientos se ha acelerado en los últimos años, con caídas equivalentes a 63 mil nacimientos menos que en 2022 y 160 mil menos que hace tan solo una década. Estas tendencias responden a un cambio en los patrones de fertilidad, una caída en la tasa global de fecundidad y la reducción del embarazo adolescente, que si bien constituyen un avance significativo en materia social, tendrán un impacto profundo y permanente en el mercado laboral.

En concreto, esta transición implicará una disminución progresiva de la fuerza laboral, por lo que necesitamos ser más eficientes y optimizar la gestión del talento humano. En este congreso hemos priorizado el análisis en dos frentes: la optimización de la mano de obra, y los avances en incorporación de tecnología aplicada a la palmicultura.

Este es un tema que abarca diferentes aspectos como el relevo generacional y la necesidad de hacer de esta agroindustria un sector atractivo para la gente joven. Esto no solo implica fortalecer o crear condiciones que los atraiga y retenga, sino también fortalecer desde el sector la relación con las comunidades aledañas como un ejercicio deliberado.