El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, salió al paso de los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra varios miembros de la junta directiva por no bajar las tasas de interés como él quería.

Al respecto, el directivo indicó que sobre las sindicaciones que se han hecho a la Junta y de manera muy especial a algunos de sus miembros sobre supuestas intenciones políticas en la decisión de mantener estables las tasas de interés en la sesión del pasado 31 de marzo, “mi reacción es de respaldo contundente a la institucionalidad de una Junta que actúa con criterios técnicos y con un mandato muy claro asignado por la Constitución, el cual consiste en velar por el poder adquisitivo de la moneda, en coordinación con la política económica general. Ninguno de los miembros de la Junta Directiva, exceptuando al Ministro de Hacienda, es representante en su seno de un gobierno particular o de eventuales partidos de oposición. Al respecto la Constitución es absolutamente clara en su artículo 372 cuando afirma que los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación”.

Recordó que ha sido miembro de la junta directiva del Banco de la República durante doce años en calidad de codirector y más recientemente durante más de cuatro años en el cargo de gerente general y por eso, puede decir con toda claridad y contundencia que “en todo ese período de mas de 16 años nunca he visto que algún codirector, o la junta como institución, actúe con interés diferente al de lograr lo mejor para la Nación y para el conjunto de sus habitantes. El propósito de todos y cada uno ha sido siempre cumplir con el mandato constitucional de velar por el poder adquisitivo de la moneda y buscar que ello sea compatible con el mayor crecimiento sostenible de la producción y del empleo”.

En este empeño, dijo, los miembros de la junta han contado con el apoyo del mejor equipo técnico de economistas que existe en el país. Cada una de las decisiones que adopta la Junta cuenta previamente con un documento de recomendación de ese equipo técnico, recomendación que no necesariamente es adoptada, pero sí es un punto de referencia de gran importancia y da los mejores elementos de juicio posibles para que los miembros del directorio voten a su mejor saber y entender, bajo el principio del mejor interés de la Nación y de cumplir con el mandato constitucional.

Durante los últimos 25 años, a todo lo largo del presente siglo, el mandato de velar por el poder adquisitivo de la moneda se ha operacionalizado por parte de la Junta a través de lo que se conoce como estrategia de inflación objetivo, encaminada a mantener una inflación alrededor de 3%, con flexibilidad en la tasa de cambio y con la tasa de interés de muy corto plazo como instrumento principal.

Desafortunadamente, cuando la inflación es superior a la meta se hace necesario mantener una política monetaria contractiva para bajarla. El costo de esa política contractiva en términos de sacrificio de corto plazo de actividad productiva puede hacerse mayor y más duradero en algunas circunstancias. Ello sucede por ejemplo cuando los precios y los salarios están fuertemente indexados a la inflación del pasado. Sucede también cuando hay aumentos en los márgenes de riesgo país generados por factores de incertidumbre global o por factores idiosincráticos tales como aumentos en la deuda pública y déficits fiscales superiores a los previstos.

Condiciones como éstas imponen una mayor carga a la política monetaria en su propósito de bajar la inflación al nivel deseable y recuperar por esa vía la posibilidad de crecer más a mediano y largo plazos.

Indicó que las altas tasas de interés de política que se han tenido a lo largo de los últimos tres años reflejan una política monetaria claramente restrictiva que fue necesario instrumentar porque nos enfrentamos a un choque inflacionario de grandes dimensiones, tal como sucedió en la mayor parte de países del mundo entre 2021 y 2023. “Nuestra respuesta de política, con tasas de interés altas, tuvo costos significativos en términos de su impacto de corto plazo sobre el comportamiento de la demanda agregada y el desempeño de la actividad productiva. Afortunadamente esos costos fueron muy inferiores a lo que muchos pronosticaron. No tuvimos la recesión que anunciaban y la desaceleración que observamos en la actividad productiva no fue óbice para que la tasa de desempleo que hoy se observa en el país sea inferior a la que teníamos antes de la pandemia”.

Aseguró que las tasas de interés de política se mantienen en niveles que reflejan una política monetaria contractiva. Tanto las tasas de interés nominales como las reales son superiores a las que el equipo técnico del Banco considera que serían neutrales y deseables a mediano y largo plazo, cuando no existan presiones inflacionarias y la economía esté creciendo a un ritmo cercano a su potencial.

En este contexto reiteró que sería deseable tener tasas de interés más bajas que las actuales y sobre eso hay un consenso entre todos los miembros de la Junta Directiva del Banco. Sin embargo, las tasas son altas porque ese proceso de reducción de la inflación ha sido más lento de lo que fue en muchos otros países de la región y del mundo en los que la inflación ya se encuentra dentro de los rangos meta definidos como aceptables por sus bancos centrales. Ello obedece a los altos niveles de indexación de precios y salarios que existen en Colombia y a otros factores idiosincráticos y coyunturales que han hecho más difícil la reducción de la inflación.

“El proceso de reducción de las tasas de interés, que todos quisiéramos continuar, tuvimos que ponerlo en pausa en las dos últimas sesiones de decisión de la Junta, en enero y en marzo, en respuesta al hecho de que la inflación frenó su senda de convergencia hacia la meta y varios factores generaron impactos al alza sobre las expectativas de inflación y sobre las tasas de interés internacionales relevantes para el financiamiento externo del país”.

De manera especial, dijo, el aumento de las tasas de interés de largo plazo en los mercados internacionales se unió a un aumento en los márgenes de riesgo país de Colombia en un contexto en que se conoció que el déficit fiscal subió a niveles muy superiores a los que se preveían y la deuda pública como porcentaje del PIB está aumentando a un ritmo considerablemente mayor al consistente con la estabilidad macroeconómica.