La Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella instaron formalmente a la Agencia de Desarrollo Rural a abstenerse de suscribir el contrato interadministrativo por $10.500 millones con la entidad ALDESARROLLO para la administración de los proyectos estratégicos Ranchería–San Juan y Triángulo del Tolima, hasta tanto se verifique plenamente su legalidad, conveniencia y transparencia.
El Gobierno electo fue categórico en su advertencia: de persistir la celebración de este contrato sin que se disipen las inquietudes existentes, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que adelanten las actuaciones preventivas e investigaciones que correspondan dentro de sus competencias.
Esta actuación se enmarca en el compromiso del Empalme Anticorrupción de vigilar, alertar y frenar cualquier decisión contractual que pueda comprometer el patrimonio público en los últimos días del gobierno saliente. La protección de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal no son opcionales: son un deber ineludible del Estado.
