Pese a que la reforma a la salud sigue en discusión en el Congreso, el gobierno decidió sacar un deceto por medio del cual implementa una serie de medidas que están contempladas en el acto legislativo que se debate.
Se trata del Decreto 0858 del 30 de julio de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social “mediante el cual se adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo” y que según justifica el gobierno, tiene como único propósito dar cumplimiento a lo ya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y fortalecer la atención primaria en salud de todo el país.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (Acemi), Ana María Vesga, en W Radio se refirió a las dudas que siembra la normativa: “En su momento, advertimos que muchos de esos cambios eran de rango de ley, que no podían modificarse por decreto. Se hicieron esos comentarios con oportunidad por diferentes voces. Comentarios que, como ya nos han acostumbrado, se han desatendido y que en esta ocasión salen vía decreto”.
Vesga señaló que hay que iniciar y revisar acciones legales, pero que por el momento se tendrán que adherir al decreto.
Según la dirigente, el decreto «recompone el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy». La principal objeción de ACEMI radica en la forma en que el decreto modifica el sistema de salud. «Un principio esencial, lo que se hace por ley, se cambia por ley», afirmó la presidenta. Explicó que la ley 100, la ley 1438 y normativas posteriores han otorgado funciones específicas a las EPS, como afiliar, conformar y contratar redes de prestación, gestionar el riesgo financiero a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y coordinar la referencia y contrarreferencia de usuarios.
Sin embargo, el decreto, que posee un rango inferior a la ley, está «quitándole algunas de esas funciones, asignándolas a las entidades territoriales, asignándolas a los centros de atención primaria, con lo cual, insisto, se cambia el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy». Esta situación fue advertida por ACEMI desde que el decreto estuvo en consulta pública en marzo y abril, generando un «riesgo de inestabilidad jurídica» que contribuye a la crisis actual del sistema.
“No se trata solamente del manejo de los recursos, se trata esencialmente de responsabilidades que tienen hoy las EPS de cara a la población y que, en esta oportunidad, se van a asignar a diferentes entidades: los entes territoriales y los centros de atención primaria, eliminándole funciones a las EPS”.
De acuerdo con lo expuesto por Vesga, en la práctica, la norma busca reorganizar el modelo de prestación de servicios de salud en el país, transformando el papel de las EPS y otorgando nuevas responsabilidades a otros actores.
Es el caso de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) que será la única entidad encargada de la gestión financiera del sistema, «desplazando por completo a las EPS de este rol», de manera que las EPS queden «desprovistas de herramientas esenciales para atender a su población» y con un sistema «más desfinanciado».
El decreto reorganiza el sistema de salud colombiano en torno a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que incluyen prestadores públicos, privados y mixtos. Estas redes buscan garantizar una atención integral y continua, desde los niveles básicos hasta los más especializados.
Un pilar central del nuevo modelo son los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), a través de los cuales todos los pacientes deberán ingresar al sistema. Estos CAPS abarcarán servicios de baja y mediana complejidad, con un enfoque territorial, comunitario y preventivo. Los servicios de alta complejidad, tecnología avanzada y especialización médica se ubican en un nivel complementario, pero su acceso dependerá de la «autorización y coordinación directa del Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Salud centralizando el control del flujo de pacientes e información médica».
Ante la inconstitucionalidad y la ilegalidad percibidas, Ana María Vesga confirmó que las EPS, junto a otros actores del sector, «tenemos claro que si un decreto viola la ley, pues hay unos mecanismos para ejercer acciones por ilegalidad, por inconstitucionalidad», y que «seguramente ese el escenario que continúa». En este sentido, se espera una demanda contra el decreto.
El decreto contempla plazos de transición de «tres meses, en otros casos hasta un año» para la adecuación. Sin embargo, Vesga fue enfática en que «este decreto no resuelve los problemas, o sea, los serios problemas de atención que tienen hoy los pacientes». Por el contrario, la medida «sigue generando […] la enorme incertidumbre entre los actores» y «hace más crítica la atención para los usuarios». La reforma a la salud «ya está en buena parte instrumentada por esta vía reglamentaria, repito, de forma ilegal», lo que, en su opinión, convertiría la aprobación de la reforma en el Congreso en el «puntillazo final» para la transformación de las EPS en gestoras.
Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de doscientas organizaciones, también criticó el decreto: “Elimina el actual esquema de aseguramiento en salud, reemplazándolo por un modelo estatal similar al que históricamente ha operado, de forma ineficiente, para los maestros, la Incertidumbre financiera”.
Y agregó: “El decretazo es una muestra más de la falta de conocimiento y la ausencia de capacidad técnica de nuestro Ministerio de Salud, esto no resuelve la crisis del sistema de salud, sino que politiza los recursos, aumenta las muertes evitables y condena a miles de pacientes a la ruina, obligándolos a pagar de su bolsillo para acceder a los servicios”, añadió Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
