(Laura Katherine Peña, economista de BBVA Research).- Recientemente fueron publicados los resultados del estudio sobre seguridad alimentaria en Colombia, y los medios han señalado el descenso significativo del porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, desde 28,1% en 2022 hasta 26,1% en 2023. Pero, ¿por qué en un país con vocación agrícola, la inseguridad alimentaria afecta a uno de cada cuatro hogares?, ¿habrá mejoras en 2024?

En 2023, Colombia importó cerca del 11,8% de su consumo agropecuario y exportó cerca de un 12,3% de este. Esto sugiere que el país tiene capacidad para producir lo suficiente para alimentar a los colombianos. A pesar de esto, el acceso es limitado, principalmente por el alza en los precios de los productos y los ingresos ajustados. La medición de pobreza monetaria que realiza el DANE da cuenta de estas limitaciones, estimando que 36 de cada 100 colombianos no tendrían el dinero suficiente para adquirir una canasta mínima de alimentos y servicios para vivir. Entonces, la pobreza monetaria resulta necesariamente ligada al aumento de los precios.

En particular, en los años recientes la inflación de alimentos estuvo en máximos de este siglo (27,8% en diciembre de 2022), superando incluso a la inflación total (13,1% en la misma fecha). Estas alzas de precios llevan a que los consumidores puedan poner menos productos en su mesa con una misma cantidad de dinero, sazonando una alta inseguridad alimentaria.

Si bien la inflación total, y en particular la de alimentos, han descendido sustancialmente en el 2024, esto no significa que también lo hayan hecho los precios de los productos: el precio de 1kg de arroz subió desde $1.500 en 2019 hasta $2.560 en 2024 según DANE, a la par de la inflación, pero una menor inflación no llevará a que cueste menos, solo a que su precio aumente más lentamente. Es decir, seguimos con precios altos. Al presupuesto constreñido de los hogares se suma la expectativa de un deterioro del desempleo, y el hecho de que los arriendos y los servicios públicos pueden mantener un alto ritmo de incrementos en 2024, lo que supone que los hogares tendrán que esforzarse para cubrir techo y comida. Así, estas condiciones reducen las posibilidades de grandes mejoras en el indicador de seguridad alimentaria, al menos en 2024.