El presidente Gustavo Petro ha propuesto una consulta popular para que los colombianos decidan el futuro de las reformas laboral y de salud, luego de que ambas iniciativas encontraran obstáculos en el Congreso. Esta consulta, amparada por el artículo 103 de la Constitución, requerirá la aprobación del Senado para avanzar, un trámite que promete convertirse en un nuevo escenario de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Si la iniciativa supera este obstáculo, la Registraduría Nacional será la encargada de organizar la votación en un plazo de tres meses. Para que la consulta sea válida, al menos el 33 % del censo electoral (13,6 millones de colombianos) deberá participar, y la opción del «Sí» necesitará obtener más del 50 % de los votos. Este representa un desafío considerable para el Gobierno, que tendría que movilizar un respaldo electoral incluso mayor al que llevó a Petro a la presidencia en 2022, con 11,3 millones de votos.

Sin embargo, la consulta popular enfrenta diversos desafíos económicos y logísticos. La situación fiscal del país y la lenta recuperación económica podrían afectar su viabilidad, mientras que la cercanía con las festividades de fin de año podría reducir la participación ciudadana. Se estima que, en caso de aprobarse, la votación se llevaría a cabo entre octubre y noviembre, evitando interferencias con las elecciones presidenciales de 2026.

Más allá del resultado, es evidente que esta iniciativa podría profundizar aún más la polarización política y abrir un nuevo capítulo en la confrontación entre la Casa de Nariño y el Congreso. Surge la pregunta: ¿es oportuna esta propuesta en un contexto donde el Gobierno alega falta de recursos? ¿De dónde saldrá su financiamiento?

Estudio económico revela el costo real de la consulta popular en Colombia

Según un análisis financiero de la firma de contadores Crowe Co., este proceso electoral podría costarle al país, en promedio, $119 mil millones. Sin embargo, estimaciones basadas en iniciativas anteriores, como la consulta anticorrupción de 2018, sugieren que el gasto podría superar los $400.000 millones si se consideran ajustes por inflación y ampliaciones logísticas. En 2018, dicha votación costó aproximadamente $240.000 millones. Siete años después, con los costos de vida actuales, esta votación podría superar ampliamente esa cifra.

El estudio, dirigido por Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio del área de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co., desglosa los costos asociados a este mecanismo de participación ciudadana:

Impresión de material electoral: Se estima la impresión de entre 35 y 40 millones de tarjetones, con un costo de $200 a $300 cada uno, lo que representaría entre $7.000 y $12.000 millones. A esto se suman los formularios de conteo de votos, sobres de seguridad y urnas de cartón.

Logística y transporte: La distribución del material electoral a más de 100.000 mesas en todo el país implicaría gastos en transporte terrestre y aéreo, almacenamiento seguro y adecuación de los puestos de votación. Este rubro costaría entre $20.000 y $30.000 millones.

Pago de personal electoral: Aunque los jurados de votación no reciben salario, la Registraduría debe contratar personal de soporte para el escrutinio, capacitar funcionarios y cubrir viáticos y horas extras de jueces y notarios. Este costo se estima entre $40.000 y $60.000 millones.

Tecnología y transmisión de datos: Se requieren servidores, software de escrutinio y líneas seguras de transmisión desde zonas apartadas, con un gasto estimado de entre $15.000 y $25.000 millones.

Divulgación y pedagogía electoral: La Registraduría y otras entidades suelen realizar campañas informativas para incentivar la participación ciudadana. Este rubro podría costar entre $3.000 y $5.000 millones.

¿De dónde saldrá este dinero?

Según Arbeláez, financiar esta consulta podría implicar la reasignación de recursos de sectores clave como educación, salud y vivienda. Las principales fuentes de financiamiento serían:

Uso del capital del Fondo de Contingencias o de reservas presupuestales.

Utilización de los recursos del Tesoro Nacional, incrementando el déficit fiscal.

Emisión de deuda pública (TES), aumentando la carga de intereses del Estado.

En el peor de los casos, una nueva reforma tributaria, que afectaría aún más a los ciudadanos.

El contexto fiscal actual del país complica aún más la situación. En 2024, el déficit fiscal cerró en 6,8 % del PIB (unos $90 billones), mientras que la deuda pública alcanzó el 60 % del PIB, niveles no vistos desde la crisis de la pandemia.

Además, un traslado presupuestal superior al 20 % dentro de una sección del presupuesto requiere la aprobación del Congreso, lo que podría generar un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de las tensiones políticas actuales.

En conclusión, Arbeláez advierte que, desde un punto de vista técnico y financiero, llevar a cabo esta iniciativa en el actual contexto presupuestal es cuestionable. “Si el propio Gobierno reconoce diariamente la difícil situación fiscal, destinar entre $400.000 y $500.000 millones a un proceso electoral extraordinario resulta una decisión poco prudente e inoportuna”, enfatiza.

Otros costos ocultos a considerar

El estudio de Crowe Co. también señala que, más allá del impacto directo de la consulta, la incertidumbre generada podría afectar la inversión, el empleo y la estabilidad financiera del país.

Impacto en la inversión y confianza empresarial: El anuncio de la consulta podría generar parálisis en las decisiones de inversión privada. Empresas y capitales podrían adoptar una postura de “esperar y ver” hasta que haya claridad sobre el rumbo de las reformas, lo que afectaría el dinamismo económico, la estabilidad del tipo de cambio y el riesgo país.

Empleo en riesgo: El mercado laboral también podría verse afectado. La posible aprobación de la reforma laboral implicaría un aumento del 11,9 % en los costos laborales para las MiPymes, afectando la formalización y la generación de empleo. Fedesarrollo proyecta que este impacto podría traducirse en la pérdida de 451.000 empleos formales en el mediano plazo.

Mayor presión sobre el gasto público: Las reformas en juego tendrían un alto costo fiscal. Desde la extensión de licencias de paternidad hasta la reorganización del sistema de salud con mayor intervención estatal, el presupuesto público se vería aún más comprometido. Un interrogante clave es cuánto costaría para el Estado absorber funciones de las EPS o subsidiar parcialmente el recargo nocturno para las empresas.

Movilizaciones y productividad: La consulta podría detonar protestas y paros, tanto de sindicatos afines al Gobierno como de sectores opositores. Estos eventos podrían afectar sectores clave como comercio, transporte y turismo, reduciendo ingresos y elevando costos de seguridad.

Impacto internacional: En un contexto donde Colombia está bajo la lupa de inversionistas globales y calificadoras de riesgo, la consulta popular podría enviar señales mixtas. Un triunfo del «Sí» reforzaría la percepción de un modelo económico más intervencionista, mientras que un «No» podría interpretarse como un debilitamiento del Gobierno. En ambos escenarios, la reputación financiera del país estaría en juego.

Con la consulta en el horizonte, Colombia enfrenta un dilema económico de gran envergadura. Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo definirán el futuro de las reformas, sino que también influirán en el clima de inversión y la estabilidad financiera del país.