(José Román González, docente del programa de Administración de Empresas de la Universidad de América).- Más de 1.600 millones de personas en el mundo no tienen acceso a una vivienda adecuada, según el profesor Balakrishnan Rajagopal del MIT. Esta cifra refleja una crisis global que, lejos de disminuir, se agrava con el paso del tiempo. En Colombia, el sueño de tener casa propia también se aleja: los precios suben, los subsidios desaparecen y la oferta se vuelve cada vez más inaccesible.
Hoy, el 40 % de los hogares colombianos vive en arriendo, y muchos destinan más del 30 % de sus ingresos solo a este gasto. A esto se suma la gentrificación, impulsada por plataformas de alquiler turístico y la llegada de nómadas digitales. En Medellín, por ejemplo, una de cada cuatro viviendas nuevas es comprada por extranjeros, lo que presiona los precios y desplaza a las comunidades tradicionales.
Además, el programa Mi Casa Ya, la principal herramienta de acceso a vivienda social, fue suspendido por falta de recursos, afectando a más de 33.000 hogares. Paralelamente, los nuevos proyectos priorizan unidades diminutas de 18 o 20 metros cuadrados que superan los 120 millones de pesos. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿estamos construyendo hogares o simplemente maximizando la rentabilidad del suelo?
El confinamiento durante la pandemia dejó en evidencia que el hogar es más que un techo: es salud, bienestar y dignidad. Pero seguimos viendo la vivienda como un negocio, no como un derecho. Y mientras países como Austria o estados como Colorado (EE. UU.) experimentan con modelos de vivienda más justos y sostenibles, Colombia invierte menos del 0,3 % del PIB en este sector, frente al 1 % que destinan en promedio los países de la OCDE.
La solución no es única, pero sí posible. Requiere voluntad política, inversión sostenida y un cambio cultural. Debemos garantizar acceso al suelo urbano, facilitar créditos accesibles, ofrecer subsidios bien diseñados y permitir nuevas formas de habitar la ciudad, como las viviendas intermedias o compartidas.
También necesitamos políticas urbanas coherentes. Como sugiere el urbanista Camilo Santamaría, hay que combinar la renovación urbana con una expansión ordenada hacia zonas bien conectadas. Esto exige coordinación entre instituciones y participación activa de las comunidades.
El gran desafío es estructural. Según ONU-Hábitat, el 97 % de las viviendas que se construyen en el mundo no son asequibles para quienes más las necesitan. Esto explica por qué más de un tercio de la población mundial vive en asentamientos informales.
Colombia necesita una política de vivienda como política de Estado. No se trata solo de levantar muros, sino de construir comunidad, salud, educación y desarrollo. Porque sin techo digno, no hay futuro. Y sin futuro, no hay país.
