La nueva ley de financiamiento del Gobierno Nacional genera preocupación por los posibles impactos negativos que tendría sobre la energía, la sostenibilidad y el bolsillo de los colombianos.

Dentro de la ley se contempla un impuesto del 1 % a la extracción de combustibles fósiles, así como un gravamen progresivo a la gasolina. Adicionalmente, se prevé un incremento en los biocombustibles, derivado del impacto que esta normativa tendría, en particular, sobre el etanol.

A estas medidas se suma otra proyección del Gobierno: un decreto que incrementaría en un 20% las tarifas de energía para el sector industrial, lo que también afectaría a las empresas generadoras. “En conjunto, estas disposiciones constituyen señales de desestimulo tanto para nuevos proyectos como para la expansión de los ya existentes” Señaló Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana e investigador en temas de energía y sostenibilidad.

Agregando que “Cuando se restringe la oferta de energía, se genera un desbalance, ya que la demanda continúa en crecimiento mientras la capacidad de oferta se limita. Esto produce un déficit entre la energía requerida y la disponible, lo que inevitablemente conduce a un aumento en el costo del kilovatio-hora (kWh) que al final pagarían los colombianos”

Sumado a eso el gobierno no tiene contemplada la tecnología de los vehículos híbridos como una tecnología como una alternativa hacia la descarbonización, aunque no son eléctricos en un 100%, estos automotores generan significativamente menos emisiones. Incluso varias de estas tecnologías tienen hasta un 40% menos de emisiones comparadas a los vehículos de combustión interna.

Los híbridos ofrecen múltiples beneficios. De hecho, su impulso ha sido una medida altamente exitosa en otros países donde la promoción de vehículos eléctricos e híbridos permitió mejorar los niveles de la calidad del aire y reducir los niveles de polución. De otro lado, la redacción actual de la ley de financiamiento podría inducir a que quienes quieren adquirir vehículos nuevos opten por el diésel, debido a la diferencia de precios respecto al valor de los híbridos y al de los que usan gasolina.

En este contexto, la ley de financiamiento no solo plantea un impacto directo en los costos de la energía y en el bolsillo de los colombianos, sino que también genera un retroceso en las metas de descarbonización y transición energética del país. Al desincentivar la inversión en proyectos de generación, limitar el acceso a tecnologías limpias y encarecer la movilidad sostenible.