(EFE).- Los empleos en sectores responsables del grueso de las emisiones causantes del calentamiento climático, que son en torno al 7 % del total en la OCDE, van a reducirse a un ritmo superior al 2 % anual entre 2019 y 2030 al aplicarse los planes para limitar el calentamiento global.

Eso significa una cadencia de destrucción de empleos en esas actividades muy superior al 1 % anual que se había constatado desde 2000, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe publicado este martes subraya los desafíos que eso plantea para los trabajadores afectados, pero también para la aceptabilidad de las políticas climáticas.

El punto de partida es que las políticas para alcanzar la neutralidad de carbono van a afectar de manera fuerte a más del 25 % de los empleos existentes y que esa transición energética va a generar ‘ganadores’ y ‘perdedores’, y en ese contexto la organización considera necesaria la intervención clara de las administraciones.

La OCDE pide intervención y redistribución

Una intervención que no se puede limitar a la fijación de una tasa al carbono que afecta de forma muy desigual a los diferentes estratos sociales, según el informe, sino que requiere una panoplia completa y bien diseñada de dispositivos de reequilibrio para los grupos más perjudicados, como seguro del desempleo, salarios mínimos elevados, ayudas directas y reconversión laboral.

Para 2030, esos sectores causantes de alrededor del 80 % de las emisiones, como el suministro de combustibles fósiles, los servicios de transporte, la minería o la manufactura de productos con alto contenido energético van a ver recortado en un 14 % el empleo por las políticas climáticas, lo que supone un descenso de nueve puntos porcentuales más que si no se aplicaran esas políticas.

Además, los trabajadores que se queden sin empleo en esas actividades perderán de media un 36 % de sus ingresos en los seis años siguientes, un 24 % más del descenso que sufrirán quienes pierdan su trabajo en sectores de bajas emisiones.

Las razones de esa divergencia son diversas, pero en particular que los primeros tienen una remuneración comparativamente elevada, que buena parte de sus puestos de trabajo son de baja cualificación, que sus competencias no son muy válidas para reconvertirse y que mayormente viven en zonas rurales con pocas alternativas laborales.

El costo de la inacción

Ante la tentación de paralizar las políticas climáticas por el impacto socioeconómico que tienen a corto plazo, y que es una línea que cobra fuerza como se ha visto por ejemplo con la posición de varios grupos políticos en las elecciones europeas de junio, el responsable de empleo de la OCDE, Stefano Scarpetta, afirma que «no es una opción viable».

Su primera razón es el costo de la inacción. Scarpetta explica que algunos expertos han calculado que si no hubiera habido calentamiento climático desde 1960 el producto interior bruto (PIB) global podría ser ahora un 37 % superior.

Y mirando al presente y al futuro, cada día en que hay temperaturas superiores a los 40 grados, el riesgo de accidentes en el trabajo aumenta en más del 10 %.

La otra cara de la moneda son los ‘empleos verdes’ o vinculados con de alguna forma con la transición energética, que entre 2015 y 2019 representaban en torno al 20 % del empleo, de los cuales un 86 % eran preexistentes pero cuyas habilidades se han visto alteradas por ese proceso o para los que hay nuevas demandas.

Así, en realidad sólo un 14 % de ese 20 % (por tanto menos del 3 % del total) pueden ser descritas como nuevas ocupaciones ‘verdes’, aunque su peso en el conjunto del empleo se incrementó un 12,9 % entre 2011 y 2022. En ese mismo periodo los empleos de los sectores con muchas emisiones retrocedieron un 18 %.

La OCDE insiste en que para que sean aceptadas, las políticas climáticas tienen que convencer no sólo de que son eficientes para reducir las emisiones de carbono, sino de que los costos y las oportunidades están repartidos de forma justa.

También hay consumidores perdedores

Eso implica medidas específicas dirigidas para los trabajadores ‘perdedores’, pero también para los consumidores.

En concreto, la organización aconseja que una parte de los ingresos generados por los gravámenes a las emisiones de efecto invernadero sirvan para compensar las pérdidas que comparativamente van a sufrir algunos grupos más vulnerables.

Es decir que grupos como las personas con bajos recursos o que viven en zonas rurales, para los cuales la energía supone un porcentaje total del gasto más elevado, deberían ser compensados con transferencias.