La ANDI hizo un llamado de alerta frente a una posible liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “Ante esta situación, manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias que esta decisión podría tener en la salud de los colombianos”.
El sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La coyuntura financiera está generando una crisis humanitaria para los usuarios y pacientes, además de un debilitamiento de la confianza entre los actores del sistema. Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro, señaló el gremio.
La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como la insuficiencia e inoportunidad en el pago de Presupuestos Máximos, pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias. Recordó que los recursos son esenciales para el pago de los servicios de salud a prestadores, el pago de los salarios y honorarios de médicos y el talento humano en salud, la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.
De acuerdo con la Corte Constitucional, la crisis financiera del sector salud tiene su origen en la insuficiencia de la UPC y en la existencia de un rezago que se ha venido incrementado desde 2021; en conclusión, los problemas financieros del sistema de salud han sido inducidos por el gobierno nacional. Aunque la Corte ordenó concertar el valor de la UPC y el monto del rezago, así como la expedición de una normativa que estableciera un periodo de transición para el cumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, el gobierno ha hecho oídos sordos a las órdenes de la Corte. Bajo esta perspectiva, la toma de decisiones para intervenir y/o liquidar con base en los indicadores financieros carece de legitimidad y contradice la jurisprudencia constitucional.
La liquidación de las EPS y la salida de actores del sistema implica el traslado masivo de afiliados. No es claro qué EPS serían sujeto de la medida de intervención forzosa para liquidar, qué pacientes y usuarios tendrían que ser trasladados, poniendo en riesgo la continuidad de sus tratamientos y en entredicho su derecho de libre elección, ni cuáles serían las EPS receptoras. Si solo consideramos a las EPS que hoy están intervenidas para administrar, eso sin tener en cuenta a la Nueva EPS, sobre la cual el gobierno ha dado señales de querer mantener bajo su control, se verían afectados 11,8 millones de afiliados. Sin embargo, si el criterio para elegir las EPS a liquidar es diferente, la magnitud del problema podría ser mayor.
Además, la anunciada liquidación de las EPS se convierte en un mecanismo “de facto” para evadir las decisiones judiciales y trasladar pacientes a la Nueva EPS. Esa era una de las principales consecuencias del Decreto de regionalización del aseguramiento recientemente suspendido por el Tribunal Administrativo de Antioquia que otorgó medidas cautelares para evitar un daño inminente en las condiciones de vida digna, salud e integridad de las personas que se verían obligadas a trasladarse a esa EPS.
Un traslado de millones de personas pone en riesgo al sistema en muchos frentes. Primero, la ruptura en la continuidad de la atención. Pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, diálisis, VIH, crónicos respiratorios, salud mental, embarazo de alto riesgo o pacientes en recuperación post-hospitalaria dependen de autorizaciones, rutas de atención, bases de datos y redes clínicas estructuradas. Un traslado de esta magnitud puede romper esa trazabilidad y producir demoras en citas, entrega de medicamentos, remisiones y procedimientos. El propio Ministerio reconoce que cualquier asignación debe proteger la continuidad del aseguramiento y la integralidad de los tratamientos, justamente porque ese riesgo existe.
Segundo, el impacto también se sentirá en las EPS receptoras en términos de concentración de riesgo y de pérdida de su capacidad operativa para atender a los pacientes con tratamientos en curso, así como la negociación de nuevos contratos con la red prestadora y proveedores de tecnologías en salud.
Tercero, una decisión en este sentido tendría serias afectaciones económicas por el desconocimiento de las deudas acumuladas entre los actores del sistema, poniendo en riesgo la continuidad de toda la cadena de valor, incluso el reconocimiento de salarios y honorarios al talento humano en salud, así como su continuidad laboral.
Por estas razones, hacemos un llamado enfático a evitar un mayor deterioro del sistema de salud con la implementación de medidas improvisadas que solo pondrán en riesgo la salud de los colombianos.
