Según revela la calificadora de riesgo Fitch Ratings, la intención del gobierno colombiano de modificar la regla fiscal del país pone de relieve los continuos desafíos para una consolidación suficiente como para estabilizar la deuda/PIB de manera duradera, dice Fitch Ratings.

«El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo este mes que el gobierno presentaría un proyecto de ley para flexibilizar la norma, en un paquete de medidas destinadas a impulsar el débil crecimiento económico que pesa sobre las finanzas públicas. El crecimiento del PIB real se desaceleró drásticamente hasta el 0,6% el año pasado tras un fuerte repunte pospandémico, y pronosticamos una modesta expansión del 1,1% en 2024. El presidente Gustavo Petro ha dicho anteriormente que la regla fiscal debería adaptarse al gasto público anticíclico», señala.

La calificación soberana ‘BB+’/estable de Colombia, afirmada el 7 de diciembre de 2023, está limitada por desafíos fiscales, una alta dependencia de las materias primas y déficits de cuenta corriente estructuralmente grandes. Los grandes déficits fiscales, una creciente carga de deuda pública y la disminución de la credibilidad de la política fiscal fueron factores que influyeron en la rebaja de la calificación de Colombia a un nivel inferior al grado de inversión en julio de 2021.

«Las reformas tributarias se aprobaron en noviembre de 2022, y el alto crecimiento del PIB nominal y la apreciación del peso respaldaron la reducción del déficit y la deuda en 2023. Pero han surgido obstáculos para la consolidación. El fallo del Tribunal Constitucional de noviembre sobre la deducibilidad fiscal de las regalías de las empresas de petróleo y carbón llevó al gobierno a aumentar su objetivo de déficit del gobierno central para 2024 al 5,3% del PIB en el Plan de Financiamiento de febrero, desde el 4,4%» agrega.

«Vemos riesgos para el objetivo revisado, por ejemplo, al lograr la aprobación del Congreso de un sistema de arbitraje para acelerar la solución de disputas fiscales. Las rigideces presupuestarias limitan el margen para realizar recortes de gastos distintos de los de capital, lo que podría debilitar aún más las perspectivas de crecimiento», puntualiza.

La calificadora también espera que el aumento del gasto satisfaga algunas demandas sociales, aunque las perspectivas para las históricas reformas de pensiones y atención sanitaria de Petro son inciertas. En abril, un comité del Senado rechazó un proyecto de ley de salud, aunque Petro dice que reintroducirá reformas de salud y puede buscar cambios constitucionales para implementarlas.

El Senado aprobó un proyecto de ley de pensiones que, si es aprobado por la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, entraría en vigor a partir de julio de 2025. Las contribuciones asignadas hasta un umbral de 2,3 veces el salario mínimo ya no irían a cuentas individuales en fondos de pensiones privados. , sino al fondo de pensiones público de reparto y a un nuevo fondo de ahorro público.

«El proyecto de ley impediría que las personas trasladen los activos de pensiones existentes del sistema privado al público, que a menudo paga mayores beneficios a los trabajadores más ricos. Al poner fin a la competencia entre los sistemas público y privado, se eliminaría el subsidio implícito para los trabajadores más ricos que aumenta los costos a largo plazo del sistema público. El proyecto de ley crea un pilar de solidaridad para las personas tres años después de la edad de jubilación que son económicamente vulnerables o que se encuentran en extrema pobreza y no califican para una pensión. El gobierno estima su costo inicial en 0,3% del PIB. Sin embargo, la ausencia de reformas paramétricas significa que el pasivo pensional estimado global aumentaría con el tiempo. Los gobiernos podrían verse tentados a aumentar las pensiones y ampliar la cobertura, lo que se sumaría a las presiones fiscales derivadas de un gran déficit estructural del gobierno central», asevera.

El fondo de ahorro público sería administrado por el Banco Central independiente de Colombia, que ha contribuido al historial de estabilidad macroeconómica del país. El impacto en los mercados de financiación nacionales depende de las directrices de inversión del fondo. Por ejemplo, un fondo de gestión pública podría impulsar las fuentes de financiación del gobierno en detrimento del sector privado. «La aprobación del proyecto de ley de pensiones por parte de la Cámara Baja no es segura y Fitch no ha incorporado costos adicionales de las reformas de salud y pensiones en sus pronósticos fiscales. Nuestro escenario de base es que la deuda del gobierno general/PIB aumente al 56,3% en 2025, ya que los superávits primarios previstos no estabilizarán la relación incluso si el crecimiento aumenta al 2,8% en 2025. No ha surgido ninguna propuesta legislativa detallada para modificar la regla fiscal y no está claro si el Congreso aprobaría alguna. Sin cambios importantes en la política fiscal, los déficits del gobierno central a mediano plazo rondarán el 4,5% del PIB. Esto no cumpliría con las disposiciones existentes de la norma», finaliza.