Luego que la representante a la Cámara, Katherine Miranda, radicara en días pasados una solicitud ante la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación para que se investigue un contrato por $10.000 millones suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro y su familia, frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”, el Ministerio Público ya abrió una indagación previa.

Según informó la congresista, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal ordenó iniciar la indagación “en averiguación de responsables” vinculados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con el fin de establecer si en la suscripción del contrato se presentaron posibles irregularidades desde el punto de vista disciplinario.

“Celebramos que la Procuraduría General de la Nación haya abierto investigación previa por el contrato de los 10 mil millones de pesos con el que pretendían pagar con plata de los impuestos de todos los colombianos la defensa personal de Gustavo Petro y de Verónica Alcocer por su inclusión en la Lista Clinton”, indicó Miranda.

El ente de control dispuso la práctica de pruebas, ordenó a la secretaría de la delegada elaborar y enviar los oficios correspondientes para recaudar la información requeriday realizar las anotaciones de rigor dentro del proceso.

La Procuraduría también decidió acumular dos radicados disciplinarios relacionados con este caso,con el objetivo de que sean tramitados bajo una sola cuerda procesal, lo que permitirá un análisis conjunto de los hechos y del material probatorio.

La denuncia

Según indicó la congresista del partido Verde, su decisión responde a inquietudes puntuales sobre la finalidad del convenio y su impacto sobre el erario.A su juicio, el acuerdo plantea dudas que no pueden pasar desapercibidas, especialmente cuando involucra fondos públicos destinados a un servicio jurídico relacionado con la situación personal del primer mandatario.

La congresista puso énfasis en la falta de explicaciones oficiales sobre la contratación y cuestionó la necesidad del desembolso. “Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalic era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, dijo la parlamentaria, de acuerdo con una nota del portal infobae.com

Miranda reiteró que los recursos del presupuesto nacional deben destinarse a fines colectivos y no a controversias individuales. En ese sentido, señaló que “los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro y menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado. Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular”, señaló la congresista.

Agregó que “Colombia merece transparencia. Los impuestos de los colombianos no pueden convertirse en la chequera personal del presidente Petro”.

La Procuraduría encontró, en principio, que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 el 9 de enero de 2026, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, mediante la modalidad de contratación directa, con la firma Amadeus Consultancy Limited, por un valor aproximado de $10.000 millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Además, señaló que el contrato contempla un esquema de pagos de cuantía muy elevada, concentrados en un corto período de ejecución, “sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo cual genera serios cuestionamientos frente al principio de planeación”. A ello se suma que en el documento no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, de acuerdo con una nota publicada por el diario El Colombiano.

De esta manera, se ordenó la apertura de una indagación previa para determinar si existieron irregularidades en la suscripción del contrato entre el DAPRE y la firma Amadeus Consultancy Limited, así como una posible violación a los principios de la contratación pública, al haberse utilizado recursos del Estado para defender presuntos intereses personales del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el Ministerio Público, esta actuación tiene como fin identificar o individualizar al posible autor de la falta disciplinaria, para lo cual la indagación previa tendrá una duración de seis meses.