La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) reiteró su preocupación por la reforma tributaria y los efectos que tendrá para el país en el mediano plazo. La propuesta anunciada por el Gobierno con los coordinadores ponentes, en lugar de corregir, carga aún más al sector afectando su competitividad, viabilidad, el desarrollo de la producción de petróleo y la generación de aportes fiscales para el país y las regiones.

La más reciente propuesta fija una sobretasa que varía con base en el precio internacional del petróleo de los últimos 10 años y corresponde a una sobretasa de 5, 10 y 15 puntos. Es así que, de acuerdo con los análisis realizados por el gremio, y teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos, debido a que los umbrales para fijarla continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico.

Por otro lado, el Gobierno mantiene la prohibición de deducir la regalía del impuesto a la renta, aunque elimina la exigencia que se había impuesto de crear un ingreso ficticio para la regalía pagada en especie. Esto no compensa el aumento en la sobretasa de 10 a 15 puntos, porque la mayor sobretasa al petróleo genera un costo exponencial al aumentarse en más de 50% la tarifa sobre la cual se grava (pasa de 35% a 50%). Asimismo, el 30% de la producción de petróleo y el 100% de la producción de gas natural pagan la regalía en dinero, por lo que no se benefician del ajuste; en cambio, por este concepto, el petróleo deberá pagar un 41% adicional a la propuesta inicial del Gobierno.

Esta propuesta, si bien considera la variación de los precios internacionales, es la más gravosa de todas y no representa alivio, pues es 115% más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno y 5% más gravosa que lo aprobado en primer debate. Con este escenario, el Government take para nuevos proyectos de inversión aumentaría a 85%, sacando a Colombia del mapa de competitividad en la región, según cifras de la CEPAL.

Esta propuesta, además de comprometer proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo contratos existentes, también pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción. Con un recorte en los programas de inversión, que podría oscilar entre 30% y 50%, la producción caerá gradualmente y, para finales de esta década, la disminución sería de entre 350 mil y 450 mil barriles de petróleo, de los 750 mil barriles promedio día que se producen actualmente.

La caída en producción afectaría al país y las regiones pues los aportes de la industria serían significativamente menores, es decir, se perderán ingresos producto de la reforma. Para el año 2026 el recaudo con reforma sería hasta 10% menor que el recaudo sin reforma, y para finales de esta década sería hasta 44% inferior. “Lo que hemos venido alertando desde el gremio es el impacto que tendrán estas decisiones para Colombia en el mediano plazo, pues si las inversiones en la industria disminuyen, caerá la producción y, en consecuencia, caerán los aportes de este sector al país y las regiones. Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos” afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.