El proyecto de ley antitrámites o Ley de Competitividad del Gobierno fue aprobado en primer debate por las comisiones sextas conjuntas del Congreso de la República. La iniciativa busca simplificar y digitalizar procedimientos para facilitar la vida de los ciudadanos y empresarios, impulsar la inversión y generar más oportunidades de crecimiento para el país.
Con esta aprobación, el proyecto continuará su trámite legislativo en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Antes de esa etapa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el liderazgo del ministro Mauricio Gómez Amín, realizará cinco audiencias públicas en Neiva, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá, con el propósito de socializar la propuesta, recoger observaciones y evaluar posibles mejoras a partir de los aportes de los ciudadanos y los sectores productivos.
El ministro Gómez Amín agradeció a los congresistas de las comisiones sextas que respaldaron la iniciativa y destacó que uno de sus principales objetivos es reducir las cargas administrativas que afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99 % del tejido empresarial colombiano.
“Hoy las mipymes deben ir a cientos de entidades para que les pidan miles de papeles. Con esta iniciativa queremos simplificarles la vida, pero también facilitarles el camino a los inversionistas que quieren llegar al país. Más inversión significa más oportunidades para nuestros ciudadanos. Esperamos que este proyecto de ley siga avanzando en el Congreso y se convierta en una herramienta que beneficie a todos los colombianos.”, afirmó el ministro.
El proyecto propone transformar la relación entre el Estado, los empresarios y los ciudadanos mediante la simplificación administrativa, la digitalización de procedimientos y el intercambio de información entre las entidades públicas.
Uno de sus propósitos centrales es evitar que las personas y las empresas tengan que presentar documentos que ya reposan en poder del Estado. Para ello, plantea que las instituciones consulten directamente la información oficial disponible, compartan datos de manera segura, unifiquen requerimientos y coordinen sus procedimientos para reducir duplicidades y tiempos de espera.
La iniciativa también busca que los usuarios puedan conocer con mayor claridad el estado de sus solicitudes y adelantar sus gestiones mediante canales electrónicos seguros.
“Con este proyecto buscamos eliminar estas cargas para reducir tiempos y costos, sin suprimir los controles necesarios, y así lograr que el país avance en competitividad”, explicó Manuel Antonio Naranjo, viceministro de Desarrollo Empresarial.
Para alcanzar estos objetivos, la propuesta contempla cinco líneas de acción:
Simplificar: eliminar requisitos duplicados e innecesarios.
Digitalizar: facilitar trámites electrónicos seguros.
Conectar: promover el intercambio de información entre entidades.
Coordinar: permitir que los procedimientos avancen simultáneamente cuando la ley lo autorice.
Controlar: mantener verificaciones acordes con el nivel de riesgo.
El propósito es que las entidades públicas trabajen de manera más articulada y eficiente, sin debilitar los controles sanitarios, aduaneros, ambientales ni las garantías de seguridad jurídica.
La propuesta contempla medidas para diferentes sectores de la economía, entre ellos el comercio exterior, los trámites sanitarios, el urbanismo y la construcción, las notarías y los registros, el talento digital, la energía y las finanzas.
Para las empresas y los emprendedores, plantea integrar trámites a través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), fortalecer el expediente digital y evitar que los empresarios deban suministrar información que ya está disponible en organismos públicos
En comercio exterior, busca fortalecer la gestión y la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), incorporando nuevos procesos y facilitando la coordinación entre las entidades que intervienen en las operaciones de importación y exportación.
Estas medidas buscan agilizar los procedimientos sin eliminar los controles aduaneros y sanitarios, sino hacerlos más eficientes.
El sector de la construcción también se beneficiaría de la simplificación de trámites. El proyecto propone reutilizar planos y documentos ya presentados, consolidar las observaciones de las autoridades en un solo requerimiento cuando sea posible y coordinar procedimientos relacionados con la factibilidad de los proyectos, las redes y las conexiones.
Asimismo, plantea facilitar la gestión electrónica de escrituras y copias, fortalecer los mecanismos seguros de verificación de identidad e impulsar el registro inmobiliario digital.
Otro componente busca mejorar el intercambio de información entre las entidades catastrales y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con garantías de protección de datos y seguridad jurídica.
Como parte del proceso previo a los debates en las plenarias, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo llevará la discusión del proyecto a Neiva, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.
Las audiencias permitirán recoger las observaciones de ciudadanos, empresarios y representantes de los sectores productivos, con el fin de enriquecer la discusión legislativa y evaluar ajustes que contribuyan a cumplir los objetivos de la iniciativa.
La aprobación en primer debate representa un avance en el trámite de una iniciativa que busca reducir las cargas burocráticas, facilitar la formalización empresarial y abrir más oportunidades de crecimiento para los colombianos.
