El proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP) busca aumentar la proporción de las transferencias a departamentos y municipios, pasando del 23,8% actual al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un período de diez años. Como consecuencia, en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8,4% del PIB, lo que representaría un incremento del 65% respecto al escenario base.

“Un aumento del 65% en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en un debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado de la República.

Desde una perspectiva fiscal, este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, llevando el déficit al 6,4% del PIB en 2036, comparado con el 3,1% del PIB en el escenario base. Como resultado, la deuda del gobierno superaría el límite del 71% del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal. Esta situación aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza.

El director de Fedesarrollo reconoció la importancia de fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, pero sugirió ajustar el proyecto de reforma para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30%, en vez del 46,5%. “Este porcentaje supera el promedio histórico del periodo 2000-2019 y se sitúa 10 puntos por encima de lo observado en 2023”, destacó Mejía. Adicionalmente, Fedesarrollo subrayó la importancia de transferir competencias del Gobierno nacional a los entes territoriales y fortalecer la capacidad institucional de las entidades más rezagadas. Un aumento en las transferencias debe ir acompañado de la implementación de mecanismos más robustos de evaluación y control, junto con incentivos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. Estas medidas asegurarían una priorización eficiente y una ejecución adecuada de los recursos transferidos.