Con gran preocupación y desconcierto, la industria minera ha conocido la ponencia para primer debate de la reforma tributaria, la cual representa una palpable amenaza a la permanencia del sector minero e industrial del que dependen miles de familias y gran parte de los recursos de la nación. El texto presentado para discusión de las Comisiones económicas del Congreso de la República desconoce las conversaciones y argumentos jurídicos y técnicos presentados por la industria durante las últimas semanas con el Gobierno nacional.

“Es discriminatorio, inequitativo y desproporcionado que un solo sector de la economía, la minería, aporte más del 32% del total de una reforma tributaria – 7 billones de pesos según cálculos de la ACM – y cerca del 70% si se incluye el petróleo, desconociendo la real capacidad contributiva de las empresas y las graves consecuencias que traería para el desarrollo del país, en especial para los municipios mineros.

De hecho la OCDE en su informe sobre la reforma advierte que el proyecto incrementa de manera sustancial los impuestos del sector y considera necesario un estudio profundo que cuantifique el espacio disponible para aumentar la tributación, en relación con los principales países competidores.

Antes de la reforma, según diversos estudios, el sector ya tenía la tasa de tributación más alta de la región: 74% según la UPME, cifras estimadas por el mismo Estado Colombiano, (ver cuadro). Ahora, la combinación de sobretasa y no deducibilidad de las regalías dejan a la minería con niveles de tributación cercanos al 90%. Esto pone en alto riesgo la viabilidad de los proyectos mineros más grandes del país que dinamizan las economías en sus regiones. La minería participa con el 37% de la economía en el Cesar y el 44% en La Guajira.

La ACM además advierte que el sustento de cerca de un millón de familias quedaría en riesgo. Del mismo modo, los más de $14 billones de pesos que este sector aportará a la nación, sin la reforma, quedarían sujetos a una condición de precios altos insostenible en el tiempo.

Un análisis del texto discriminado por sectores adelantado por el gremio muestra que, en lo que tiene que ver con materiales para la construcción, la tarifa combinada de renta más sobretasa deja al país con un impuesto sobre la renta de 45%, sin poder deducir los costos de regalías como sí lo hacen en otros países. “Este es un valor sin precedentes frente a otras naciones de la región entre las que están Brasil, México, Chile y Perú, con tarifas que llegan al 34%, 30%, 27% y 29,5%, respectivamente”, sostuvo Juan Camilo Nariño.

Así las cosas, de acuerdo con la agremiación, el país quedaría expuesto a la importación de cerámicas, cementos entre otros materiales industriales, encareciendo los hogares de los colombianos y el desarrollo de infraestructura nacional.

La revisión del texto también deja en evidencia que, si las regalías no se entienden como un costo de la operación, será imposible incentivar la exploración de los minerales que necesita el país y el mundo para avanzar en el proceso de transición energética, proyecto bandera del Gobierno actual. En resumen, el país se quedaría sin los incentivos para ampliar los proyectos actuales dado que el Estado capta el 90% de las utilidades de una operación.

De igual forma, los 10 puntos de sobretasa para el sector también tendrían un importante impacto en la formalización minera, una iniciativa bandera del gobierno actual y con la que la industria apuesta para evitar la contaminación de fuentes hídricas, la devastación del medio ambiente; la generación de empleo formal y el aporte a las regiones a través de impuestos.

“De esta forma, se termina incentivando la informalidad en las explotaciones de oro, ya que las mismas para desarrollarse de manera formal requieren de grandes inversiones para implementar una producción limpia, vigilada y que pague impuestos, si además se le impone una tarifa del 45% sobre la renta, esto lanzaría por la borda miles de procesos de formalización”, puntualizó el dirigente gremial.

Finalmente, el líder gremial hizo un llamado para que esta propuesta que es extensa, altamente técnica y con grandes afectaciones para los colombianos, se estudie y discuta con la suficiencia y el rigor que requiere, dando especial atención a los comentarios y sugerencias de todos los sectores productivos del país.

Sobre las declaraciones del senador Gustavo Bolívar

No es cierto que el sector descuente las regalías de la renta y que en consecuencia esta industria nunca ha pagado regalías. La práctica reconocida por el Consejo de Estado y adoptada por el país, como por todos los países mineros (incluyendo los países que hacen parte de la OCDE), es que estas tengan el tratamiento de costo asociado a la producción. Esto significa que para determinar las utilidades del sector se restan de los ingresos todos los costos asociados a la producción, entre esos las regalías.

Tampoco es cierto su afirmación sobre que las regalías no benefician a las regiones. La industria minera ha cumplido con sus aportes al Sistema General de Regalías los cuales ascienden a 7 billones de pesos anuales. En todo caso, los recursos que se buscan recaudar con la reforma tributaria irían directamente al Presupuesto General de la Nación, razón por la cual es incorrecto hacer esa asociación.