Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, en Bogotá y Cundinamarca se inició la obra de más de 75 mil viviendas, cifra que es muy importante para la economía y el empleo de la región, pues este indicador se traduce en nuevos puestos de trabajo y una demanda de materiales e insumos por más de $8,5 billones.

Sin embargo, al revisar los indicadores de lanzamientos y ventas el panorama no es positivo. Solo en Bogotá, en el mismo periodo, han lanzado al mercado más de 45 mil viviendas y se han vendido de 50 mil, cifras que representan una caída del 13% y el 10%, respectivamente. En Cundinamarca el panorama es similar. Los lanzamientos registran crecimientos negativos del 28% (23.200 unidades) y la comercialización del 26% (24.956).

Para el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Edwin Chiriví, estás cifras obedecen a factores coyunturales, entre los que están la incertidumbre que viven las familias que están a la espera de asignación o desembolsos de los subsidios del programa Mi Casa Ya. “Desde la implementación del programa Mi Casa Ya el número de hogares que ha podido acceder a una vivienda social se multiplicó por dos. La reciente caída en las ventas nos da una señal de alerta sobre la necesidad de continuar con los beneficios del programa en la región, ya que los dos primeros meses de este año se observa una contracción de 53%. También preocupa el incremento en los desistimientos que llegaron a 1.445 hogares solo en los dos primeros meses del año”, explicó.

Actualmente, en Bogotá y Cundinamarca hay alrededor de cuatro mil familias a la espera del desembolso del subsidio para poder lograr el cierre financiero y recibir la vivienda que ya han venido pagando y esperando. Las demoras en la entrega de estas viviendas implican una carga financiera para las empresas constructoras que siguen pagando intereses por el crédito constructor, a la vez que implican un mayor gasto para los hogares representado en el valor del alquiler que deben pagar al no poder acceder a sus viviendas. Se estima que, por este concepto, el gasto de estas familias ascendería a unos 3.600 millones de pesos mensuales.

El gerente recalcó la importancia de garantizar la disponibilidad de subsidios para estos hogares, pero además para los que hoy están buscando comprar esperanzados en los beneficios del programa Mi Casa Ya. “De no ser así, se les limitan las opciones a las familias, pero además se pone en riesgo el sustento de más de 375 mil hogares de la región que hoy dependen de este sector”.

Finalmente, alertó sobre el incremento de inventario terminado, pues a febrero de 2023 existen en la región 2.107 viviendas nuevas listas para entregar, siendo esto un aumento de 17,2% respecto a febrero del año anterior.

Estas condiciones afectan financieramente a hogares, empresas constructoras y entidades crediticias, que se enfrentan en la actualidad a un contexto macroeconómico adverso de desaceleración económica y altas tasas de interés.