(Reuters) – El próximo presidente de Colombia, sea de derecha o de izquierda, tendrá que recuperar la seguridad y el control territorial ante la expansión registrada en los últimos años de los grupos armados ilegales y las economías ilícitas, dijeron fuentes de las Fuerzas Armadas y analistas.
La segunda vuelta de la elección presidencial del domingo pondrá frente a frente dos visiones marcadamente diferentes para el futuro de un país que soporta desde hace seis décadas un conflicto interno financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, y que ha dejado más de 450.000 muertos.
El candidato de derecha Abelardo De La Espriella, un abogado de 47 años, promete aplicar mano dura, intensificar la ofensiva militar contra los grupos armados, el narcotráfico y el crimen organizado, además de poner fin a los diálogos de paz que no dieron resultados concretos durante los cuatro años del saliente presidente de izquierda Gustavo Petro.
De La Espriella llega a la segunda vuelta liderando las encuestas recientes sobre intención de voto.
Su rival, el izquierdista Iván Cepeda, un senador de 63 años, propone avanzar en los diálogos de paz e impulsar una ley de sometimiento para que estructuras del crimen organizado accedan a beneficios jurídicos a cambio de desmantelar sus organizaciones.
«La seguridad fue el tema central de esta campaña, lo que condujo al triunfo en primera vuelta de De La Espriella», dijo a Reuters el analista político Eduardo Pizarro, al explicar que la percepción de inseguridad en las ciudades aumentó, mientras la expansión de grupos armados en zonas rurales incrementó la afectación a la población civil.
Los homicidios y robos bajaron en la mayoría de las grandes ciudades de Colombia en los últimos años, según información oficial, mientras la extorsión aumentó en por lo menos un centro urbano.
El Clan del Golfo, las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional casi duplicaron sus filas entre 2022 y lo que va de 2026, hasta alrededor de 25.000 integrantes.
Además, extendieron su control territorial a zonas rurales clave para el narcotráfico y la minería ilegal, de acuerdo con un informe de seguridad conocido por Reuters.
Mientras tanto, más de 70 generales del Ejército y de la Policía, incluidos expertos en inteligencia, fueron retirados del servicio activo por Petro, lo que redujo la capacidad operativa de la Fuerza Pública, según fuentes de seguridad.
Una cuarta parte de los municipios del país registra presencia o actividad de grupos armados, precisó un informe de la Defensoría del Pueblo.
¿GUERRA, NEGOCIACIÓN O AMBAS?
El complejo panorama obligará al próximo Gobierno a fortalecer las Fuerzas Militares, mejorar la inteligencia, recuperar la presencia del Estado en todos los territorios y debilitar las rentas ilegales del narcotráfico y la minería ilegal, las principales fuentes de financiación de los grupos, aseguró Pizarro.
Un oficial en retiro que perteneció a la línea de mando de las Fuerzas Militares en la administración de Petro pronosticó un incremento de los ataques de los grupos armados ilegales para mostrar su poder de guerra al nuevo Gobierno y obtener beneficios en una eventual negociación.
«El próximo Gobierno debe entender que lo que necesita el país no es solo el refuerzo de la estrategia de seguridad o una salida negociada, sino que las dos opciones deben coincidir de manera articulada», explicó el oficial, quien habló bajo condición de anonimato.
Otro oficial que llegó al grado de general del Ejército dijo que, para enfrentar a los grupos armados, además de la inteligencia, se debe recuperar la capacidad de movilización de las Fuerzas Militares, reducida por la parálisis de gran parte de los helicópteros Black Hawk estadounidenses y los Mi-17 rusos, debido a la falta de repuestos y a las tensiones internacionales.
El mismo oficial opinó que la lucha contra el narcotráfico debe incluir un programa de sustitución voluntaria de cultivos.
«No va a ser fácil, hay mucho trabajo por hacer, pero se puede lograr», comentó el oficial, que también pidió la reserva de su identidad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió los esfuerzos del Gobierno de Petro y aseguró que la Fuerza Pública neutralizó, principalmente mediante capturas, a unos 16.000 integrantes de grupos armados desde 2022, destruyó gran cantidad de maquinaria utilizada para la minería ilícita e incautó 3.300 toneladas de cocaína, una cifra equivalente al total de los decomisos de las tres administraciones anteriores.
«Buscan algunos promover el miedo para luego venderles esperanza. Promover un problema o agrandar o maximizar ese problema, exagerarlo para luego intentar venderle la solución, por lo menos en retórica. Y en el caso de Colombia lo hacen con el tema de la seguridad», dijo el funcionario en una entrevista con Reuters el miércoles.
La política de «paz total» de Petro no condicionó el avance de los diálogos a que los grupos armados limitaran su expansión, lo que facilitó su crecimiento y su presencia en los territorios, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento independiente.
Sánchez dijo que pese a los golpes dados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los grupos armados no desaparecieron y reconoció que «tienen una capacidad de recuperación y un entramado criminal muy complejo» y denunció que «traicionaron el proceso de paz total».
El funcionario aseguró que la estrategia para recuperar el control territorial y debilitar a los grupos armados ilegales debe incluir un 70% de inversión en salud, educación y vías, y un 30% de acción militar contundente por parte del Estado colombiano, fórmula que denominó una combinación de «garrote y zanahoria».
Además de mejorar las capacidades de control territorial e inteligencia de las Fuerzas Armadas, se debe avanzar en la implementación del acuerdo de paz de 2016 con las antiguas FARC, un pacto que incluyó transformaciones sociales en las zonas rurales y que sigue sin cumplirse plenamente, aseguró la FIP en un reciente informe.
«No podemos caer en el reduccionismo de elegir entre paz o seguridad», advirtió la FIP.
