La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, alertó sobre los efectos negativos que tendría para el país la reforma tributaria, en términos de inversión privada para la exploración y producción.

En un comunicado el gremio señala que comparte el objetivo del Gobierno Nacional de reducir la pobreza y la inequidad y contribuir a la gestión del cambio climático y al desarrollo sostenible, en el marco de una transición integral: energética, económica y productiva. En ese sentido, destaca el compromiso del Ministerio de Hacienda con la Regla Fiscal y, por ende, de continuar con el ajuste fiscal al tiempo de buscar recursos de inversión.

La ACP está de acuerdo entonces con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.

El sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país; una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la Asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad.

Preocupa el impacto de la reforma, dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80%, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral; vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 % de la exploración ejecutada.

Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma. “Reiteramos nuestra disposición para continuar el diálogo con el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Ministro de Hacienda, con el Congreso de la República, en cabeza de su Presidente, y con la Ministra de Minas y Energía, en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria”, concluye el comunicado.