En línea con su interés de trabajar con otros actores para promover la adopción de buenas prácticas, Grupo Bancolombia suscribió un convenio de cooperación con la Escuela de Gobierno y Ética Pública de la Pontificia Universidad Javeriana para impulsar la apropiación de estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), así como la ética e integridad empresarial y en el uso de datos.
Con esto, equipos multidisciplinarios de ambas entidades trabajarán de manera conjunta en un diagnóstico sobre la apropiación de criterios ASG, en el diseño de herramientas de fácil aplicación a partir de investigaciones académicas y con enfoque en Ciencias del Comportamiento, así como en eventos académicos. Todo esto con el fin de proponer soluciones innovadoras que orienten a empresas de todo tipo en la incorporación de dichos estándares a su actividad.
Estas actividades se propondrán de acuerdo con los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI, por su sigla en inglés), que recogen seis grandes temas en los que se busca trabajar de manera articulada con estrategias que incorporen asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las inversiones y en el ejercicio de la propiedad.
De hecho, para Bancolombia, como apalancador de la actividad productiva, movilizador de la economía y facilitador de oportunidades orientadas a promover desarrollo sostenible para el bienestar de todos, la aplicación de estándares ASG y la apropiación de criterios de integridad empresarial es parte fundamental en su toma de decisiones y en su actividad.
Esto responde además a una agenda global que se enmarca en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta con otros actores para impulsar la competitividad del sector empresarial, la adopción de buenas prácticas y lograr un impacto más amplio.
Desde 2018, ambas organizaciones vienen trabajando de manera conjunta en foros, eventos, publicaciones académicas y apoyando iniciativas del sector público, de cara al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.