Ante las declaraciones del presidente de Asobancaria, respecto a que el aumento de las Insolvencias en personas naturales en el país se debe a la posible existencia de un cartel que gestiona procesos fraudulentos, IFI Inteligencia Financiera e Insolvencia Colombia, firma pionera en el país en el trámite de Insolvencias, se permite informar a la opinión pública:
Efectivamente, desde la entrada en vigor de la Ley de Insolvencia en Colombia (actualizada por la Ley 2445 de 2025) en el año 2012, se ha dado un aumento sostenido, año tras año, del número de colombianos que acceden a la Ley de Insolvencia de persona natural. Sin embargo, este incremento no puede atribuirse a la existencia de procesos fraudulentos (sin desconocer que pueden existir), sino a que cada vez más colombianos conocen los beneficios de la Ley y por tanto acceden a ella. (En el primer trimestre del 2026 las solicitudes de Insolvencia han aumentado en un 147% respecto al mismo periodo del año anterior)
Es impreciso afirmar que no puede haber un aumento significativo de las solicitudes de Insolvencia en persona natural cuando la economía del país va bien, ya que la situación financiera de las personas no depende de indicadores macroeconómicos como sí de otros factores como el costo de vida, la inflación, el desempleo, la informalidad, entre otros; indicadores que en los últimos años no han sido positivos.
No hay por qué alarmarse del aumento del número de solicitudes de Insolvencia ya que la cifra en Colombia es incluso mucho menor a la de países como Canadá, EE.UU., Chile o España. Lo que significa que la Ley es una opción que está siendo muy utilizada en muchos países del mundo y es muy positivo que en Colombia esté ocurriendo lo mismo, pues significa un alivio para las finanzas de las personas y, en últimas, para la economía del país. (Estimamos que este año el número de Insolvencias en personas naturales puede aumentar en un 35% o 45%).
Si bien es cierto que pueden existir empresas y personas inescrupulosas que aprovechan este beneficio para hacer procesos fraudulentos (hecho que rechazamos y celebramos su denuncia) no es adecuado generalizar, pues son más los colombianos que acceden a la Ley con el único fin de sanear su economía y tener una segunda oportunidad en el mercado financiero.
No se puede generalizar ni estigmatizar a los profesionales del derecho, firmas consultoras y centros de conciliación que hacen un trabajo honesto en el acompañamiento de personas que buscan acogerse a la Ley de Insolvencia y buscar el mejor acuerdo posible para tener un respiro de sus deudas. Sin embargo, sí invitamos a que el sistema bancario active los protocolos de detección de fraude y pueda denunciar a quienes actúan de mala fe.
Invitamos al sector bancario a aprovechar esta oportunidad para trabajar de la mano con las firmas asesoras de Insolvencia legalmente constituidas para detectar oportunamente procesos fraudulentos, pero también para lograr acuerdos mucho más justos con los colombianos que ven en la Ley de Insolvencia una nueva oportunidad de mejorar su situación financiera.
Hacemos un llamado a los colombianos y a la opinión pública a que se informen mejor sobre la Ley de Insolvencia, accedan a ella en los casos en que así lo consideren y bajos los parámetros establecidos por la Ley y se asesoren únicamente de profesionales y firmas legalmente constituidas.
