(María Claudia Llanes, economista de BBVA Research).- En 2022, 34,7 millones de adultos tenían al menos un producto financiero formal en Colombia. Más de catorce millones más que en 2012. Con esto, en la última década, el porcentaje de adultos con algún producto financiero pasó del 67,2% al 92,3%.

Recientemente, la pandemia impulsó considerablemente la inclusión financiera, al igual que la digitalización financiera, lo que se explicó, en parte, por la necesidad de distribuir ayudas a la población más vulnerable. Estos avances se consolidaron en 2021 y 2022. En cifras, entre 2019 y 2022 la inclusión financiera aumentó en 9,8 puntos porcentuales (5,9 p.p.entre 2016 y 2019) y las operaciones financieras con canales digitales hechas por los clientes del sistema pasaron de representar el 64% del total de operaciones en 2019 al 73% en 2022.

La pandemia evidenció la importancia de la inclusión financiera, pero ésta va mucho más allá. La inclusión financiera facilita el día a día de las personas y de las empresas y les permite fijarse objetivos de largo plazo, como educarse o invertir, entre otros. Adicionalmente, los servicios financieros formales disponen de más opciones que las que ofrece el sector informal. La inclusión financiera permite suavizar intertemporalmente el consumo y potencia el ahorro y la acumulación de capital y por lo tanto el crecimiento económico.

A pesar de los avances en inclusión financiera, aún persisten grandes brechas de acceso entre grupos de población: en detrimento de la población rural, cuya inclusión financiera es inferior al 70%, de las mujeres (88,7%) y de los jóvenes entre 26 y 40 años (88,6%), entre otros. Además, apenas el 36,2% de los adultos en Colombia accede a algún producto de crédito y el 15,8% de las microempresas lo hace. Llevar los servicios financieros formales a esos grupos, que por lo general presentan mayores niveles de vulnerabilidad, y aumentar la inclusión crediticia y productiva deben ser un objetivo de política.