(EFE).- Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por proclamar «falsamente» la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.

«En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprime e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder», declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

En total, el Departamento del Tesoro sancionó a 16 personas «afines a Maduro», a quienes acusa de haber «impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos».

Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras.

El Tesoro afirma que Caryslia Rodríguez, en tanto que preside el alto tribunal, certificó la «afirmación infundada de que Maduro había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado».

También sancionó a los magistrados Fanny Beatriz Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, al que Estados Unidos considera como el ganador de las elecciones.

Asimismo, designó a Rosalba Gil Pacheco, del CNE, por «obstruir la democracia,» y al secretario general en funciones del ente electoral, Antonio José Meneses, por introducir «irregularidades en el registro electoral».

Destacan también en la lista de sancionados el comandante de las Fuerzas Armadas Domingo Hernández y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Elio Estrada, a quienes acusa de reprimir a la población venezolana.

Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de «funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión», aunque no reveló el número ni sus identidades.

Con las medidas anunciadas hoy, hasta la fecha hay más de 140 funcionarios venezolanos sancionados por el Tesoro estadounidense y cerca de 2.000 personas están sujetas a restricciones de visado por parte del Departamento de Estado estadounidense.

En una llamada con periodistas, altos funcionarios de la Administración de Joe Biden dijeron que seguirán «monitoreando de cerca» la situación en Venezuela para valorar si es necesario imponer nuevas sanciones, aunque no revelaron si planean imponer nuevas restricciones al petróleo del país caribeño.

«Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela», advirtió Blinken en el comunicado.

El CNE proclamó la reelección de Maduro en las elecciones del 28 de julio sin publicar las actas de votación, pero la oposición reivindica la victoria de González Urrutia, quien se exilió recientemente en España.

Las fuentes estadounidenses sostienen que González Urrutia «sigue siendo una voz indiscutible para la paz y el cambio democrático en Venezuela».

Nuevo crimen de agresión

El Gobierno de Venezuela calificó como un «nuevo crimen de agresión» las sanciones anunciadas este jueves por Estados Unidos contra 16 funcionarios del país caribeño, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Parlamento, por proclamar «falsamente» al presidente Nicolás Maduro como ganador de los comicios de julio.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano rechazó, en «los términos más enérgicos», este «nuevo crimen de agresión cometido por el Gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado».

Entre los sancionados, figuran la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Pedro Infante.

Para el Gobierno chavista, EE.UU. demuestra, «una vez más, su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos».

Sin embargo, prosiguió, «poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos».

Con estas «erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista», como el chavismo suele referirse a la oposición, «rompen y violan los acuerdos firmados en Catar» entre ambos países americanos.

Asimismo, Caracas expresó que Washington «nuevamente recorrerá el camino del fracaso y será derrotado por la dignidad de Venezuela, que continuará conquistando nuevos logros».

A juicio del Gobierno venezolano, esta «arremetida contra personas que, día a día, defienden la soberanía y la paz de la nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población».

El Departamento del Tesoro sancionó a 16 personas «afines a Maduro», entre ellos a los magistrados Fanny Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, al que EE.UU. considera el ganador de las elecciones.

Asimismo, sancionó al secretario general en funciones del ente electoral, Antonio José Meneses, así como al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Elio Estrada, a quienes acusa de reprimir a la población. Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos personales en la nación norteamericana y se les prohíbe realizar transacciones financieras.