(AP) — Expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas afirmaron en un nuevo reporte el martes que sus conclusiones muestran que el gobierno de Venezuela ha intensificado el uso de herramientas de represión “más duras y violentas” tras las disputadas elecciones presidenciales de julio.

Los resultados oficiales de los comicios del 28 de julio han sido ampliamente criticados por ser antidemocráticos, opacos y por estar dirigidos a mantener al presidente, Nicolás Maduro, en el poder.

En su reporte, la misión de investigación sobre Venezuela, encargada por el Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU, denunció violaciones de derechos como detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de seguridad del país que “en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.

“Durante el periodo que cubre este reporte, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó los mecanismos más duros y violentos de su aparato de represión”, señalaron los expertos en el informe, que abarcó un periodo de un año hasta el 31 de agosto.

Las conclusiones se hacen eco de las preocupaciones expresadas por el secretario general de la ONU, António Guterres; el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; Human Rights Watch y otros acerca del país y su democracia, incluyendo la represión antes y después de la esperada votación y la posterior huida al exilio del candidato opositor, Edmundo González.

Marta Valiñas, jefa del equipo de expertos, dijo que entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas reconocieron la detención de más de 2.200 personas.

“Entre esos, hemos confirmado el arresto de al menos 158 menores, algunos de ellos con discapacidad», afirmó Valiñas en una conferencia de prensa el martes en Ginebra, añadiendo que algunos habían sido acusados de delitos graves como terrorismo.

“Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante», apuntó. “Estamos ante una represión sistemática, coordinada y deliberada por parte del gobierno venezolano, que responde a un plan consciente para silenciar cualquier forma de disidencia».

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que está formado por afines a Maduro, dijo que el presidente ganó los comicios con el 52% de los votos. Pero los partidarios de la oposición recopilaron las actas del 80% de las máquinas de votación electrónicas del país, y señalaron que indicaban que González había ganado la elección con el doble de votos que Maduro.

La condena global por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros están alineados con el partido gobernante, que auditase los resultados. El alto tribunal reafirmó su victoria.

Los expertos independientes, que no representan a Naciones Unidas, forman parte de una misión de investigación creada en 2019. Llevan años reportando violaciones de derechos, incluyendo supuestos crímenes contra la humanidad, en la Venezuela de Maduro. Su reporte, el quinto de este tipo, criticó los esfuerzos para frenar la oposición pacífica al gobierno.

El sistema judicial — encabezado por el Tribunal Supremo — “está claramente subordinado” a los intereses de Maduro y sus aliados más próximos, y sirvió como un “instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”, escribieron.

En las horas posteriores a la proclamación de Maduro como vencedor de las elecciones, miles de personas salieron a la calle en todo el país. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero los manifestantes también derribaron estatuas del predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez, arrojaron piedras contra agentes y edificios, y quemaron motocicletas de la policía y propaganda gubernamental.

El gobierno de Maduro respondió a las manifestaciones con toda su fuerza, llevando a cabo detenciones arbitrarias, enjuiciamientos y una campaña que anima a la población a acusar a familiares, vecinos y conocidos que participaron en las protestas o mostraron dudas acerca del resultado.

Patricia Tappatá Valdez, miembro del grupo de expertos, dijo que se verificaron al menos 143 detenciones que implicaban a miembros de siete partidos de la oposición, incluyendo 66 líderes de movimientos políticos.

“La persecución por motivos políticos es evidente”, apuntó. “Esas cifras representan un nivel de represión que no habíamos visto desde 2019”.

Los expertos independientes indicaron que elaboraron el reporte en base a entrevistas con 383 personas y a la revisión de archivos de casos judiciales y otros documentos, al tiempo que reconocieron las limitaciones de su labor de recopilación de información en el periodo postelectoral. El grupo indicó que sus pedidos de información a las autoridades venezolanas fueron “ignorados” a pesar de los llamados a la cooperación del Consejo de Derechos Humanos, que está formado por 47 miembros rotatorios entre países de la ONU.