(EFE).- La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país «es muy alto», tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación «de la maquinaria represiva» del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.

«Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales», dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión presentó hoy su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que ha podido documentar -como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual- son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.

Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición.

Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos «seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración».

A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se ha podido confirmar la muerte de 25 personas, que -con una excepción- fallecieron por disparos de arma de fuego, según el informe.

«La Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas», indicó Valiñas.

La presidenta de la Misión indicó que se identificó «una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico» entre otros.

La jurista sostuvo que la comunidad internacional «enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia».

El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral ha sido generada «por la derecha fascista de Venezuela» que «empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas».

«No fueron protestas pacíficas», señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de «grotesca burla escrita».

Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró «la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia». Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la «verificación imparcial de los resultados electorales» y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.