(AFP).- Perú cumple este martes dos meses sumido en incesantes protestas que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, una movilización que su gobierno ha reprimido con violencia y sin eficacia para restaurar la estabilidad y la paz social.

En las manifestaciones, que estallaron el 7 diciembre con la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo y que han dejado 48 muertos, se exige también el cambio del Congreso.

La protesta es protagonizada mayoritariamente por ciudadanos de origen indígena del empobrecido sur andino que claman por elecciones generales cuanto antes y no esperar hasta 2026, que sería el plazo regular.

Entre bloqueos de vías, parálisis económica y estado de emergencia en nueve de las 25 regiones del país, la Presidencia y el Parlamento parecen incapaces de alcanzar consensos.

El viernes pasado los legisladores decidieron congelar hasta agosto cualquier debate para adelantar los comicios, sepultando la posibilidad de renovar autoridades este año.

Sin visos claros de solución, tres analistas dilucidan posibles escenarios.

– Renuncia –

La renuncia presidencial, contemplada en la Constitución, precipitaría que el jefe del Congreso asuma interinamente el mando del país con la misión de convocar elecciones, aunque sin un plazo preciso.

«El único [escenario] que hay es la salida de la presidenta Boluarte», afirma Paula Távara, politóloga y profesora de la Universidad Católica, alegando falta de «voluntad real» del Parlamento para adelantar las elecciones.

El Congreso ha dejado «los escenarios de salida en manos del Ejecutivo», añade la experta que sin embargo reconoce que la renuncia es «altamente improbable».

Boluarte ha subrayado que dimitir «no está en juego» pues sostiene que sería ceder a un «chantaje político».

Para Távara, otra razón es el temor a enfrentar a la justicia y «asumir las consecuencias» de los muertos en las protestas.

Renunciar también iría contra los intereses de Boluarte y los partidos de derecha del Congreso que apoyaron su designación y están «jugando en pared», según la politóloga Patricia Paniagua.

«Se percibe ese claro alineamiento de una estrategia» entre las iniciativas de ambos poderes, que por ahora mantienen sus cargos hasta 2026, señala la académica.

– Destitución –

La destitución o vacancia presidencial, una potestad del Congreso reglamentada en la Constitución, desbancó a tres presidentes peruanos en este siglo: Alberto Fujimori (2000), Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022).

Que Boluarte sea la próxima destituida por iniciativa de partidos de izquierda es un rumor persistente en el Congreso, aunque requiere los votos de dos tercios del parlamento (87 de 130 legisladores).

«Lo veo muy difícil porque eso aceleraría también que el Congreso se tenga que ir», estima Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

«Dada la inmadurez política» de la clase gobernante, tanto la vacancia como la renuncia son «muy poco factibles», añade.

«Ese escenario aparece medio confuso, en tanto no existen los votos, pero (…) deberíamos creer que va a discutirse» próximamente, señala Paniagua.

– Estallido social –

Tampoco se descarta la posibilidad de que la indignación creciente de algunos sectores inconformes propicie un estallido social, al estilo de Chile en 2019 o Guatemala en 2020.

«Con el ánimo más caldeado y una mayor frustración porque no hay respuesta a sus reclamos, y una mayor organización, se hace posible que la movilización sea más álgida», advierte Távara.

Una agudización del conflicto podría forzar a presidenta y Congreso a aceptar cualquier modelo de adelanto electoral, pero «a un altísimo costo», dice la politóloga.

«Lamentablemente esta semana de no decisión nos ha colocado más cerca de este escenario», agrega.

– Extinguir la protesta –

Que Boluarte y el Congreso culminen su mandato hasta 2026 también es factible, sobre todo por el desgaste de 60 días de movilizaciones en los manifestantes y en la sociedad peruana en general.

Paniagua cree que el cansancio de los ciudadanos movilizados está contemplado por el gobierno.

«La respuesta de la calle es enérgica, es firme (…) pero ¿qué tanto eso a mediano o largo plazo es sostenible?», cuestiona.

Paniagua añade que el silencio de Boluarte luego que el Congreso dio portazo al debate de adelanto de elecciones indica que se «está allanando» a esa decisión y que ambos poderes seguirán «de espaldas a lo que está sucediendo en la calle».

Távara, por su parte, sostiene que este escenario podría mejorar si el gobierno hace «un acto de contrición muy serio», que incluya un cambio de gabinete, sanción a los responsables de las muertes y abrir el diálogo con los inconformes. Cárdenas, en contraste, ve más probable que Boluarte asuma la posición de que «aquí no pasó nada» y deje que la movilización se extinga sin hacer concesiones.