(EFE).- El senador republicano estadounidense Rick Scott presentó este jueves un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a aquellas personas que apoyen «los regímenes totalitarios» de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

El borrador quiere imponer restricciones a cualquier funcionario del Gobierno actual de Nicolás Maduro o de su predecesor Hugo Chávez en Venezuela, así como a aquellos que trabajen o hayan trabajado para los Ejecutivos de Fidel Castro, Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel en Cuba.

Asimismo, el proyecto busca revocar los visados de quienes apoyan o han respaldado al presidente Daniel Ortega y al partido sandinista en Nicaragua; y al exmandatario de Bolivia Evo Morales; además de penalizar a cualquier extranjero que actúe en nombre de esos Gobiernos.

«Dictadores despiadados en América Latina han destruido millones de vidas simplemente para mantenerse en el poder. Sus regímenes ilegítimos son un insulto a la democracia y despojan a millones de personas de la libertad mediante su opresión brutal. Estados Unidos no puede mostrar tolerancia por estos líderes malvados o los matones que ejecutan sus deseos», dijo Scott en un comunicado.

Esta iniciativa, añadió, garantizará que «estas personas malvadas» no vayan a Estados Unidos «a vivir la gran vida mientras sus ciudadanos en casa están en la miseria».

«Esto no solo es importante en términos de apoyo a la libertad y la democracia en América Latina, sino que es esencial para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos», recalcó el legislador estadounidense.

La llamada «Ley de no alivio para los aliados de los dictadores» apunta a aquellos que cometen o han cometido violaciones de derechos humanos, amenazas o actos que socavan la soberanía de los pueblos cubano, venezolano, nicaragüense y boliviano y que sean titulares de visados que viven en Estados Unidos o que los buscan en el extranjero.

La propuesta, cuyo eventual voto en la Cámara Alta todavía no ha sido tramitado, impondría restricciones a cónyuges e hijos de funcionarios extranjeros que responden a esos Ejecutivos y a aquellos que visiten la Asamblea General de la sede de la ONU, «según lo determine el secretario de Estado y el director de Inteligencia Nacional caso por caso».