Seis millones de colombianos ya usan criptomonedas: compran, venden, ahorran, reciben pagos del exterior o buscan refugio en activos digitales, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (abril de 2026). Y casi todos lo hacen en un terreno sin reglas claras. Ese vacío será una de las papas calientes que reciba el próximo inquilino de la Casa de Nariño, que tendrá que legislar, proteger usuarios, ordenar plataformas y definir qué lugar ocuparán los dólares digitales en la economía cotidiana.
El reloj ya corre. Tras la primera vuelta del 31 de mayo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia el 21 de junio; quien gane se posesionará el 7 de agosto. Y heredará un mercado que dejó de ser marginal: entre julio de 2024 y junio de 2025 —las cifras oficiales más recientes— Colombia movió US$44.200 millones en transacciones cripto, el quinto volumen de América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela y por encima de Chile y Perú, según Chainalysis.
El debate, además, ya no gira solo en torno a la especulación. Hoy se juega en decisiones cotidianas: cómo recibir remesas, cómo cubrirse de la volatilidad del peso, cómo mover dinero digital, cómo no caer en estafas y qué respaldo tiene quien entrega su plata a un exchange de activos digitales.
Sobre ese telón de fondo, la fintech Vurelo app elaboró un informe que identifica los principales retos que el próximo gobierno deberá enfrentar en el mercado cripto. Son cinco
Una ley que lleva años durmiendo en el Congreso: Colombia todavía no tiene una norma que ponga orden a las plataformas donde se compran y venden criptomonedas. El proyecto que busca lograrlo se ha hundido varias veces: en la legislatura pasada llegó al cuarto debate y volvió a quedarse en el camino. En marzo de 2026 reapareció una versión completa, de 16 artículos, que regula vigilancia, impuestos y lavado de dinero.
El pulso de fondo es quién manda: parte del sector teme que la ley le dé demasiado poder al Banco de la República y termine frenando el mercado en lugar de ordenarlo y fortalecerlo. “Mientras no haya ley, si una plataforma quiebra o desaparece con su dinero, tiene muy poco a qué agarrarse. Por eso destrabar esta norma será el primer examen del nuevo gobierno”, dice Camilo Suárez, CEO de la Fintech Vurelo app.
Frenar las estafas antes de que le toquen el bolsillo. El país es uno de los más golpeados de la región por estafas y pirámides disfrazadas de «inversión digital», y eso lo ha hecho retroceder en los rankings mundiales de adopción. Cada pirámide que estalla deja familias sin ahorros y alimenta la idea de que todo lo cripto es un engaño.
“Desconfíe de rentabilidades fijas o «garantizadas», de quien lo presiona para meter a sus amigos y de cualquier «asesor» que promete ganancias imposibles. El reto del gobierno es demostrar que regular no es prohibir, sino blindarlo a usted antes de que entregue su plata”, indica Suárez.
Los impuestos ya están encima. Esto no es futuro: ya arrancó. Con la Resolución 000240 de diciembre de 2025, la Dian obligó a las plataformas de criptoactivos a reportar sus operaciones y sus usuarios desde 2026, bajo estándares internacionales (Ocde) y con multas de hasta el 1 % del valor movido. Los primeros reportes llegaron en mayo.
“Recuerde, si usted mueve cripto, la Dian probablemente ya lo ve, declarar deja de ser opcional. El desafío del próximo gobierno será cobrar lo justo sin empujar a la gente a plataformas extranjeras o a operar por debajo del radar”, agrega.
Los «dólares digitales» que ya usa medio país. Aquí está la gran novedad y, quizá, el reto más cotidiano: las llamadas monedas estables (stablecoins), criptomonedas atadas al dólar. Más de la mitad de las compras de cripto que hacen los colombianos con pesos terminan en estos dólares digitales, según Chainalysis, lo que los analistas ya llaman «dolarización digital». ¿Por qué? Porque el peso pierde poder de compra —la inflación anual fue de 5,6 % en marzo de 2026, todavía lejos de la meta del 3 %— y la gente busca refugio.
A eso se suman las remesas: Colombia recibió US$13.098 millones en 2025 (10,6 % más que en 2024 y cerca del 3 % del PIB), y muchos hogares usan estos canales porque son más baratos y rápidos.
Una deuda del Estado con los colombianos. Más allá de quién gane el 21 de junio, hay un punto que no tiene color político: la ausencia de reglas claras es una deuda que el Estado mantiene con los colombianos. En ese vacío se multiplicaron las pirámides y los esquemas fraudulentos disfrazados de “inversión”, que han dejado a millones de hogares sin sus ahorros y con sus sueños rotos. “Esto no es un asunto de izquierda ni de derecha: es una deuda pendiente con la gente. Cada año sin reglas claras es otro año en el que las familias quedan expuestas a perder lo que tanto les costó construir. Quien llegue a la Casa de Nariño tiene la responsabilidad de saldarla: poner orden y blindar el ahorro de los colombianos”, concluye Suárez.
Un dato final para tener en cuenta: en junio de 2024 terminó La Arenera, el piloto de la Superintendencia Financiera en el que siete alianzas entre bancos y plataformas cripto probaron operaciones reales. ¿El resultado oficial? No hubo incidentes que afectaran a los usuarios ni la estabilidad del sistema. La evidencia dice que sí se puede innovar sin poner en riesgo el bolsillo de la gente.
«El problema ya no es tener activos digitales, sino poder usarlos en el día a día; y sin reglas claras esa promesa no se cumple», insiste Suárez.
El próximo presidente no podrá ignorar el asunto. Seis millones de usuarios ya tomaron una decisión sin esperar al Estado. Ahora le toca al Estado decidir qué hace con ellos, con sus ahorros, con sus impuestos y con un mercado que ya mueve miles de millones de dólares sin una arquitectura regulatoria completa.
