Frente al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes, desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) se hizo un llamado al Congreso de la República para que adelante un debate responsable, franco, abierto y participativo, que incorpore las voces y preocupaciones de todos los sectores de la economía y tenga plena conciencia de las implicaciones de las decisiones que se adopten.
La solución a la crisis fiscal no puede ser más impuestos a las mismas empresas y ciudadanos. Colombia necesita disciplina del gasto, crecimiento e inversión para sanear las finanzas públicas de manera sostenible.
Impactos críticos identificados en el articulado:
Más IVA y mayor costo de vida. Se amplía la base del IVA (juegos de suerte y azar, parqueaderos, cuotas de propiedad horizontal no residencial) y se grava la gasolina y el ACPM con tránsito al 10% en 2026-2027 y tarifa general después, presionando el transporte público y de carga y, con ello, los precios de alimentos y bienes básicos.
Cargas extraordinarias al tejido productivo. Renta del 50% para entidades financieras y recargos de 0–15 p.p. a petróleo y carbón atados a precios internacionales, más impuesto especial del 1% a la extracción. Esto resta competitividad, inversión y divisas.
Señales adversas a la inversión extranjera. Dividendos a no residentes al 30% y mayores retenciones para ingresos laborales y honorarios elevan el costo de capital y la formalidad.
Impuesto al patrimonio progresivo desde 40.000 UVT con tarifas hasta 5% y ajustes en ganancias ocasionales, consumo y tributos ambientales crean un efecto acumulado que frena crecimiento y empleo.
La salida sostenible a la crisis fiscal requiere austeridad y eficiencia en el gasto, con un Estado que contenga sus costos de funcionamiento y priorice la inversión productiva antes de exigir nuevos esfuerzos a los contribuyentes.
Es indispensable garantizar estabilidad y competitividad, evitando cambios que rompan las reglas de juego y deterioren la seguridad jurídica del país. Asimismo, se debe asegurar una progresividad sin asfixia, protegiendo a los hogares más vulnerables de los impactos del IVA y de los combustibles, y evitando que la carga siga concentrándose en los mismos sectores formales.
Finalmente, AmCham Colombia hace un llamado a un diálogo técnico, abierto y participativo, sustentado en evidencia y cifras, con la participación real de empresas, trabajadores, regiones y academia, para que las decisiones que se tomen fortalezcan la economía y las finanzas públicas de manera sostenible.
