En medio de un ambiente enrarecido, entre cancelaciones y retrasos, hoy jueves 11 de septiembre se dará inicio en el Congreso al debate del Presupuesto General de la Nación 2026.
Mientras se especula que el Gobierno nacional podría recudirlo a $10 billones y excluir el IVA a la gasolina, lo cierto es que el documento tal como lo planteó el Ministerio de Hacienda a esta hora genera más dudas que certezas y, según los analistas, difícilmente pasará en el legislativo; no obstante, se teme otro decretazo como el que se vivió el año anterior.
Pero más allá del debate, lo que hoy está en juego es el impacto que podría generar el presupuesto en los bolsillos de las familias y en las finanzas personales de los ciudadanos de a pie.
La propuesta por $557 billones fue analizada en un reciente informe elaborado por la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que lanza una alerta contundente: el 91,4 % de ese dinero ya está comprometido en pensiones, salud, transferencias y salarios, lo que deja casi sin oxígeno a la inversión en obras nuevas y a la creación de programas sociales. Los más golpeados, advierte el análisis elaborado por Julio Enrique Duarte, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. de San Buenaventura, serían las familias y las MiPymes. ¿Por qué?
El plan del Ejecutivo, primero, depende de una reforma tributaria de $26,3 billones que difícilmente pasará sin cambios en ambas corporaciones; segundo, arrastra un hueco de $12 billones sin financiación clara; y tercero, dedica $70,7 billones solo a pagar intereses de deuda. Con semejantes limitaciones, el margen de maniobra es mínimo. “Si la tributaria no recauda lo esperado, el ajuste será inevitable: o se recortan gastos o se asume más pasivos. Aquí no hay salidas fáciles”, advierte Duarte.
El semáforo del presupuesto a tener en cuenta
Verde, si se aprueba la reforma completa: el déficit caería a 3,5 % del PIB y la deuda se estabilizaría en torno al 63 %.
En este caso las personas sentirían un impacto menor sobres sus finanzas, pues la estabilidad fiscal reduciría la presión sobre subsidios a la energía y al transporte, lo que significa menos riesgo de que suban tarifas en la Costa Caribe o la gasolina. Con menos incertidumbre, el dólar tendería a estabilizarse y la inflación (hoy en 4,9 %) podría mantenerse controlada. Eso ayuda a que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés (actualmente en 9,25 %), haciendo más baratos los créditos de consumo o vivienda.
Amarillo, si se aprueba parcialmente: el déficit subiría a 4,7 % y la deuda al 65 %, forzando recortes por $13 billones.
El bolsillo tendría un efecto intermedio. ¿La razón? El Gobierno recortaría inversión en obras regionales, lo que significa menos empleo en construcción y menor dinamismo en economías locales. El crédito seguiría caro: con tasas de interés solo bajando lentamente. Además, los subsidios de energía o gasolina tendrían menos espacio fiscal, lo que se podría traducir en ajustes graduales a las tarifas.
Rojo, sin reforma (el escenario más crítico): el déficit superaría el 5,5 % del PIB, la deuda rondaría el 67 % y el Gobierno debería recortar hasta $26 billones o endeudarse más agresivamente.
Bajo este escenario, los recortes serían inevitables. Con el 91 % del gasto atado a salud, pensiones y salarios, la tijera caería sobre subsidios y proyectos de inversión. Eso se sentiría en alzas más rápidas de la gasolina, electricidad o transporte público. Además, si las calificadoras rebajan la nota del país, los bancos encarecerían créditos de consumo, tarjetas e hipotecas. Igualmente, se harían menos obras regionales afectando la generación de nuevos empleos y causando que la economía circule menos.
¿Qué hacer ante un aparente ineludible ajuste fiscal?
Anticiparse a los mayores costos en energía y gasolina. Si el subsidio al galón baja $400, una familia que consume 50 galones al mes pagaría $20.000 adicionales.
Revisar los créditos hipotecarios y de consumo. Una subida de medio punto en las tasas podría encarecer una cuota mensual en la proporción de su deuda.
Adaptar el presupuesto mensual, para lo cual se aconseja incluir un margen para cubrir posibles alzas en alimentos importados si el dólar sube.
Crear un fondo de emergencia, equivalente de tres a seis meses de gastos básicos que daría tranquilidad frente a imprevistos.
Priorizar lo esencial, es decir, evitar hacer compras que puedan ser aplazables en un entorno de tasas altas y confianza moderada.
Diez preguntas que debe hacerse durante la discusión del presupuesto
¿Van a subir el IVA o se ampliará la base tributaria? Un cambio en este impuesto encarece de inmediato la canasta básica, los servicios y el consumo diario.
¿Habrá espacio real para nuevos programas sociales? El margen es muy limitado: la deuda y sus intereses ya consumen $70,7 billones del presupuesto.
¿Qué señales mirar en el Congreso? La rapidez en las ponencias y la definición de nuevas fuentes de ingreso muestran si la reforma avanza o se tranca.
¿Qué puede hacer mientras tanto un ciudadano común? Cuidar la liquidez, no sobreendeudarse, mantener un fondo de emergencia y tener sus cuentas claras para negociar con bancos.
¿Cómo afectaría al bolsillo la reducción de inversión pública? Menos obras de infraestructura significan menos empleo en regiones y menor dinamismo para pequeños negocios.
¿Qué pasa si las calificadoras bajan la nota del país? El Estado paga más intereses y los bancos encarecen los créditos, desde tarjetas hasta hipotecas.
¿Cómo prepararse ante posibles alzas en servicios públicos y gasolina? Si recortan subsidios, suben las facturas de energía y el combustible; conviene anticipar esos gastos y reducir consumos.
¿Qué pasa con la tasa de cambio y el dólar? Una divisa más cara encarece alimentos importados, tecnología y viajes; si el presupuesto genera confianza, el peso se estabiliza.
¿Cómo impactará el presupuesto a pensiones y salud? Son gastos intocables que garantizan pagos y atención, pero limitan recursos para inversión y creación de empleo.
¿Qué señales darán los bancos y el Banco de la República? Las tasas que defina el Emisor marcarán cuánto paga por un crédito y cuánto rinde su ahorro en CDT o cuentas bancarias.
