Colombia ingresa a un año preelectoral en un contexto económico mixto. El crecimiento se ha fortalecido en cierta medida, mientras la inflación disminuye gradualmente, apoyada por una política monetaria adecuadamente restrictiva. El nivel de reservas internacionales sigue siendo adecuado y continúa fortaleciéndose. Sin embargo, la ampliación del déficit fiscal y el aumento de los niveles de deuda se han traducido en un incremento de los diferenciales soberanos, en tanto que las persistentes preocupaciones e incertidumbres sobre la orientación de las políticas continúan debilitando la inversión privada. En junio, el gobierno activó la cláusula de escape para suspender la regla fiscal hasta 2027.
Así lo señala el informe del Directorio Ejecutivo del FMI luego de su visita a Colombia, en donde se recuerda que se proyecta que el crecimiento del PIB real alcance en alrededor del 2,5% en 2025 para luego moderarse a lo largo de los siguientes años a causa del ajuste fiscal previsto, tras lo cual convergerá gradualmente hacia su tasa potencial.
Para volver a instaurar la regla fiscal en 2028 deberán realizarse esfuerzos substanciales de consolidación, aunque la mejora de la confianza y la disminución de los diferenciales podrían atenuar el efecto contractivo del ajuste fiscal sobre el crecimiento. Se espera que la inflación descienda gradualmente hasta aproximadamente el 4,5% para fines de 2025 y que alcance la meta del 3% a principios de 2027, condicionada a una política monetaria restrictiva y a la reanudación de la disciplina fiscal.
Se prevé que el déficit en cuenta corriente aumente hasta alrededor del 2,5% del PIB en 2025. Las reservas internacionales siguen siendo adecuadas y continúan fortaleciéndose, y a finales de junio de 2025 se situaban en un 131% del indicador ARA.
Las perspectivas están sujetas a importantes riesgos desfavorables.
En el plano externo, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, las mayores barreras al comercio, las políticas migratorias más estrictas y el aumento de las tensiones geopolíticas podrían frenar el crecimiento; trastocar las exportaciones, la inversión extranjera directa y las cadenas de suministro; reducir las remesas e incrementar los costos de endeudamiento.
En el plano nacional, nuevas demoras en la consolidación fiscal podrían suscitar preocupaciones por el desanclaje de la política fiscal, además de socavar aún más la confianza de los inversionistas y quizá provocar una interrupción repentina de las entradas de capital. El aumento de las incertidumbres políticas y el recrudecimiento de los delitos violentos y la inseguridad podrían obstaculizar la actividad económica y el desarrollo del sector privado.
Los Directores Ejecutivos expresaron que, en medio de reiterados desvíos fiscales y la suspensión temporal de la regla fiscal—un ancla clave de política—, la política fiscal y el marco de políticas de Colombia se han deteriorado desde la solicitud de la Línea de Crédito Flexible (LCF) en 2024. En este contexto, señalaron que la política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de “muy sólido”, que se requiere para la calificación continua en la LCF.
Alentaron a las autoridades a redoblar los esfuerzos para cumplir con las metas de déficit de corto plazo y, mirando hacia adelante, respaldaron el plan ambicioso de retornar a la regla fiscal en 2028.
Dado que la deuda pública bruta de Colombia se mantendría sostenible en el mediano plazo, condicionado a la consolidación fiscal prevista, los Directores destacaron la importancia de emprender acciones decididas y realistas para implementar el plan de consolidación, lo que contribuiría a volver a anclar las expectativas, reducir los costos de endeudamiento y mejorar la combinación general de las políticas. En este sentido, recomendaron adoptar una combinación equilibrada de medidas de gasto e ingresos favorables al crecimiento, abordar las rigideces presupuestarias y adoptar una planificación de contingencias sólida.
Así mismo, elogiaron la orientación restrictiva de la política monetaria del banco central, que ha contribuido a la reducción de la inflación. Subrayaron que mantener una postura monetaria restrictiva sigue siendo importante para enfrentar presiones inflacionarias persistentes y riesgos al alza, incluidos los derivados de una política fiscal expansiva continua.
De cara al futuro, la normalización de la política monetaria debería avanzar con cautela y mantenerse dependiente de los datos. Los Directores celebraron el fortalecimiento de la posición de reservas internacionales. Estuvieron de acuerdo en que el régimen de tipo de cambio flexible de Colombia debe seguir desempeñando su papel de amortiguador frente a choques y que la intervención cambiaria debe limitarse a episodios de condiciones desordenadas en el mercado. También subrayaron la importancia de salvaguardar la independencia del banco central.
Igualmente, coincidieron en que el sector financiero sigue siendo ampliamente resiliente, a la vez que destacaron la necesidad de un monitoreo estrecho de los riesgos en un entorno de tasas de interés reales aún elevadas, una mayor exposición a la deuda soberana y fuertes vínculos entre bancos e instituciones financieras no bancarias. Alentaron a seguir avanzando en la implementación de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) de 2022, y recalcaron que será fundamental establecer un marco de gobernanza sólido y principios prudentes de inversión para el nuevo fondo público de ahorros de pensiones.
Para afianzar las perspectivas de crecimiento a largo plazo, los Directores recomendaron impulsar reformas centradas en aumentar la productividad, impulsar la participación en la fuerza de trabajo y diversificar la economía. Tomando nota del ambicioso plan de transición energética de las autoridades, destacaron la importancia de una transición bien diseñada y cuidadosamente escalonada que respalde la sostenibilidad y resiliencia a largo plazo y salvaguarde la estabilidad macroeconómica. Asimismo, alentaron a las autoridades a seguir fortaleciendo la gobernanza y la transparencia, incluso para mejorar el clima de inversión.
