El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, aprobado en $546,9 billones en el Congreso, no es solo una cifra, es una hoja de ruta sobre cuánto pagará el país —y cada ciudadano— en servicios, impuestos y créditos durante el próximo año.

Aunque el monto fue reducido en $10 billones frente a la propuesta inicial, el Gobierno deberá presentar una ley de financiamiento (reforma tributaria) por $16,3 billones para cubrir el déficit y garantizar los programas sociales, lo que abre la puerta a nuevos impuestos o ajustes tarifarios.

La aprobación del presupuesto llega en medio de un entorno económico especialmente tenso. La inflación anual se mantiene en 5,18% a septiembre, según el DANE, lo que sigue presionando el costo de vida de los hogares. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda reportó que el déficit fiscal alcanzó los $69,4 billones en el primer semestre de 2025, equivalente al 3,8% del PIB, el nivel más alto registrado en los últimos veinte años.

A esto se suma el peso de los subsidios energéticos y sociales: de acuerdo con Superservicios y XM, solo en 2025 estas transferencias superaron los $19,1 billones, una carga que hoy está garantizada en el papel, pero cuya financiación para 2026 aún no está plenamente asegurada.

“Cuando un Gobierno gasta más de lo que recibe, el ajuste no se queda en los informes financieros: termina tocando a las familias”, comenta Lorena Gutiérrez, directora de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

Los puntos clave que usted debe conocer del PGN 2026

1. Un presupuesto histórico, pero con inversión limitada: De los $546,9 billones aprobados, el 78% se dirigirá a funcionamiento y gasto social, mientras solo el 11% irá a inversión. Esto significa menos margen para iniciar obras nuevas en regiones: vías, colegios y hospitales podrían retrasarse o aplazarse, con impacto en empleo público y contratación local. “Un recorte en inversión no se ve en los números, se siente cuando una obra no arranca”, dice Gutiérrez.

2. Hay gasto aprobado, pero no caja suficiente: El Presupuesto incluye recursos, pero no la plata para financiarlos. Faltan $16,3 billones, que el Gobierno buscará con una ley de financiamiento. Si entra por impuestos, golpeará el consumo; si entra por deuda, subirá el costo del crédito; y si entra por recortes, podrían afectarse subsidios y programas como Jóvenes en Acción o alimentación escolar.

3. Subsidios de energía y gas en revisión: En 2025, el Estado giró alrededor de $5 billones para evitar aumentos mayores en las tarifas de energía y gas. Si esos subsidios no se garantizan en la ejecución 2026, la CREG podrá autorizar ajustes tarifarios. Un hogar estrato 3 con factura de $120.000 podría pagar entre $6.000 y $12.000 adicionales al mes, mientras una microempresa con consumo de $1,2 millones enfrentaría incrementos superiores a $80.000.

4. Salud: más presupuesto, pero riesgo de demoras: El sector salud recibirá más de $78 billones, pero la oportunidad en los giros a EPS e IPS dependerá del recaudo tributario. No se prevén cierres, pero sí posibles retrasos en pagos, que pueden convertirse en demoras en citas, cirugías o entrega de medicamentos. “Cuando se atrasa un giro, el usuario no ve un decreto, ve una fila más larga”, afirma Gutiérrez.

5. Educación y transferencias bajo vigilancia fiscal: El presupuesto para educación, vía Sistema General de Participaciones, alcanzará cerca de $88 billones. Sin embargo, programas sociales asociados —alimentación escolar o subsidios estudiantiles— podrían endurecer requisitos o reducir cobertura si la reforma tributaria o ley de financiamiento no obtiene los recursos esperados.

6. IVA e impuestos: el ajuste más probable: El Ministerio de Hacienda estudia ampliar la base del IVA y revisar exenciones. Dos puntos adicionales en IVA podrían recaudar cerca de $6 billones. Para un hogar que consume $800.000 en bienes gravados, esto sería unos $16.000 más al mes. Las empresas, especialmente pymes, trasladarían el mayor costo de insumos al consumidor final.

7. Tasas de interés: el riesgo menos visible: El Banco de la República ha advertido que un deterioro fiscal puede elevar el riesgo país y las tasas bancarias. Un incremento de 100 puntos básicos podría aumentar en $20.000 a $35.000 la cuota mensual de un crédito de vivienda de $50 millones, y entre $350.000 y $600.000 en préstamos comerciales de $300 millones.

8. Cuándo llegarán los efectos: El impacto no se sentirá el 1 de enero. Los cambios llegarán entre febrero y marzo —cuando se reglamenten tarifas, giros e impuestos—. Hogares y empresas deberán ajustar presupuestos del primer trimestre con más cautela de lo habitual.

9. Regiones: inversión y obras en pausa si no hay financiamiento: Según la Contraloría, la ejecución de inversión en 2024 apenas alcanzó el 61%. Si no se garantiza la financiación con la ley tributaria, los primeros recortes se mostrarán en acueductos, vías y colegios regionales, afectando empleo local y proyectos comunitarios.

10. Regla fiscal y reloj hacia 2028: La cláusula de escape fiscal permite gastar más hasta 2027, pero desde 2028 el país deberá volver a disciplina estricta. Si no se corrigen las cuentas en 2026 y 2027, los ajustes futuros deberán hacerse por la vía de más impuestos o disminución de subsidios.

“El ciudadano debe vigilar tres señales: si sube el IVA, si mantienen los subsidios y cómo va el recaudo. Ahí está su bolsillo”, concluye Gutiérrez.

En síntesis, el Presupuesto 2026 no es solo un documento fiscal, es un anticipo del dinero real que quedará en el bolsillo después de pagar mercado, servicios y deudas. Lo que se votó en el Congreso no se quedará en el Capitolio, llegará, en cuestión de semanas, a las cuentas y decisiones de cada hogar.