La polarización política y social en Colombia no solo impide consensos, sino que nos mantiene atrapados en juegos repetidos de desconfianza. Avanzar a pesar de las diferencias implica asumir la dimensión emocional y comportamental de nuestras decisiones colectivas, y apostar por acuerdos prácticos y sostenibles, aun cuando sean incómodos.
Así lo plantea el Informe Nacional de Competitividad, del Consejo Privado de Competitividad, donde se indica que se está en un momento en el que el país deberá tomar decisiones sobre su rumbo institucional y económico en medio de un contexto marcado por tensiones políticas, baja productividad y una creciente fragmentación social.
“Nuestro llamado es a que la competitividad se convierta en una agenda común, capaz de trascender diferencias ideológicas y de orientar políticas públicas hacia el bienestar colectivo. Avanzar hacia un futuro más próspero requiere reconocer nuestras tensiones, gestionarlas con realismo y construir acuerdos —aunque incómodos— que nos permitan seguir adelante”.
La competitividad de Colombia depende de romper la forma en que usualmente se gestionan las tensiones entre los diversos grupos que participan de las discusiones cruciales. La idea persistente de que se logren consensos o posturas ganadoras ha resultado ingenua y paralizante, lo que se necesita son son acuerdos prácticos y sostenibles.
Colombia ha quedado atrapada en falsas disyuntivas, sacrificando avances posibles en sectores clave, como la infraestructura energética y la explotación minera. Al optar por los caminos que menosprecian el impulso de los incentivos económicos, perdemos palancas de crecimiento real y, en cambio, nos quedamos con la huella devastadora de la ilegalidad, tanto social como ambiental. “Sin aceptar algunos sacrificios en el proceso de licenciamiento, el desarrollo se dará, solo que al margen de la ley, de la mano de organizaciones criminales, acabando con todos los recursos ambientales y sociales que queríamos proteger en primer lugar”.
El país ha sido proclive a elaborar marcos normativos que ilustran un ideal deseable, pero lejano a cualquier tránsito en el que nuestra sociedad pueda embarcarse para hacer un progreso paulatino. La educación, la salud y el sistema de formación para el trabajo muestran cómo el afán de modelos perfectos impide adoptar ajustes incrementales que permitirían un acceso real a cosas que necesitamos lograr, como la formación de nuestro talento, dejándolo sin una oportunidad real para la superación de la pobreza.
Mejorar la competitividad exige reformas difíciles, con costos de transición inevitables. La salud fiscal del país implica reformas impopulares, con impactos para productores y consumidores probablemente; la competitividad de nuestras exportaciones, por su parte, exige la renuncia de varias autoridades a ciertas competencias que hoy están dispersas y hacen complejo el proceso de internacionalización de las empresas.
La economía conductual permite reconocer las percepciones, los sesgos y las emociones de las personas, y este conocimiento puede ayudarnos a diseñar mejores políticas públicas.
El informe muestra con claridad que la acumulación de reglas, la baja confianza social e institucional y la polarización limitan la capacidad del país para diseñar e implementar políticas efectivas. Frente a ese panorama, la economía conductual ofrece una llave práctica para comprender percepciones, sesgos y emociones, y para rediseñar intervenciones públicas más realistas y eficaces.
Colombia necesita con urgencia una estrategia que combine estabilidad macroeconómica, confianza institucional y reformas productivas. Solo así será posible aprovechar el potencial de la economía y transformar el crecimiento en competitividad sostenible.
