Aunque las centrales obreras y el gobierno ya han dicho que el aumento del salario mínimo para 2026 será de dos dígitos, sin conocerse todavía la cifra definitiva, el sector empresarial, con base en argumentos técnicos, insiste en su propuesta de un incremento del 7,21%.
En las últimas horas se conoció un documento de gremios empresariales como son la Andi, Acopi, Asobancaria y la SAC, en la que le exponen al ministro de trabajo, las razones por las cuales el aumento debe ser más moderado.
Las cuentas de los gremios se basan en la suma de la inflación de los últimos doce meses que fue de 5,3%, según el mismo estatal Dane, la productividad total de los factores que es de 0,91%, según la misma entidad, y 100 puntos básicos adicionales para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Los empresarios subrayaron tres hechos que, a su juicio, deben guiar la fijación del salario mínimo: el freno en la senda de desinflación durante 2025 que se estancó sobre 5%; el aumento de la informalidad, que sumó 732.000 personas y elevó a 13,6 millones los ocupados sin protección laboral; y la baja productividad (0,91%), que limita márgenes para ajustes más agresivos.
Aseguraron que una propuesta que busque incrementar el salario mínimo en un 100% o 200% del IPC de 2025 jugaría en contra de los factores que contribuyen al equilibrio macroeconómico del país.
El documento advierte sobre “posibles efectos inflacionarios” si el aumento supera ampliamente el IPC, y recuerda que choques de precios golpean más a los hogares vulnerables y encarecen el crédito para empresas y consumidores.
Resaltaron que el programa de discusión debe orientarse a un resultado “equilibrado y equitativo”, que beneficie al mayor número de trabajadores posible, pero que también dé certidumbre a las empresas para invertir y sostener el empleo en 2026.
