(Bloomberg) — El gobierno colombiano está intentando aprobar por decreto un plan fiscal después de que fuera rechazado por la legislatura, yendo contra los límites constitucionales incluso pese a que los inversionistas muestran signos de incomodidad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el sábado que el gabinete firmó el decreto de emergencia, que entrará en vigor una vez sea publicado en el Diario Oficial. Las medidas declaran el estado de emergencia económica para impulsar el aumento de impuestos, intensificando la confrontación institucional mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato.
El estado de emergencia es una facultad constitucional generalmente reservada para crisis extraordinarias, como terremotos y pandemias, y permite al gobierno promulgar leyes sin la intervención del Congreso. Representa el esfuerzo más agresivo de Petro hasta la fecha para impulsar sus planes ignorando otras ramas del poder.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo el viernes que la medida se justifica por la necesidad de aumentar el gasto en salud, seguridad y subsidios energéticos. Ávila confirmó que el gobierno busca reactivar la ley de financiamiento, que se encuentra paralizada.
La medida se produce después de que el Congreso bloqueara una reforma tributaria que buscaba recaudar 16 billones de pesos (US$4.200 millones) para financiar el presupuesto de 2026. Los economistas esperaban que el gobierno respondiera con recortes de gasto equivalentes. En cambio, la administración de Petro optó por invocar poderes de emergencia, lo que generó inquietud sobre la extralimitación institucional y la profundización de la polarización política.
La decisión señala el giro de Petro hacia una postura de gobierno más radical a menos de seis meses de las elecciones presidenciales en las que tiene prohibido constitucionalmente presentarse como candidato.
Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, comentó que Petro parece profundamente incómodo cuando ramas independientes del gobierno bloquean o diluyen algunas de sus posiciones más extremas al presionar en el Congreso, lo que refleja cierto grado de desesperación y radicalismo.
El rendimiento de bonos en dólares a 10 años del país subió a 7,02% la semana pasada, desde 6,66% un mes antes.
Colombia enfrenta una creciente presión fiscal impulsada por un gasto elevado y unos ingresos inferiores a lo previsto. El Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal para 2025 alcanzará el 6,2% del producto interno bruto, 0,9 punto porcentual menos que lo previsto anteriormente.
Un análisis más detallado muestra que la aparente mejora se debe en gran medida a la reducción del pago de intereses tras las importantes operaciones de gestión de la deuda lideradas por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar. En cambio, el déficit primario —gasto público sin intereses— se ha ampliado en casi un punto porcentual del PIB, hasta el 3,2%, en comparación con 2024.
Petro ha advertido que, sin los ingresos de la ley de financiamiento, el déficit fiscal podría ampliarse al 7,5% del PIB. Con las elecciones presidenciales programadas para 2026, el próximo gobierno heredaría algunas de las cuentas fiscales más deterioradas de la historia reciente de Colombia.
Un decreto borrador que comenzó a circular entre contables y abogados fiscalistas incluye medidas como una ampliación del impuesto sobre el patrimonio neto, con tasas que oscilan entre el 0,5% para patrimonios superiores a US$523.000, y hasta el 5% para fortunas que superen los US$26 millones. La propuesta también se aplicaría a las empresas, que enfrentarían un gravamen del 1% sobre el capital social.
Otras medidas adicionales incluyen un impuesto del 0,5% sobre las transacciones financieras, un recargo del 1% sobre las ventas de combustibles fósiles y un aumento de los impuestos sobre los juegos de apuestas, el alcohol y el tabaco. En respuesta a una solicitud de comentarios, el Ministerio de Hacienda negó que el borrador se hubiera originado en su seno.
Riesgo crediticio
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal ya se han traducido en riesgo crediticio. La semana pasada, Fitch Ratings rebajó la calificación de Colombia un nivel más, a BB, en la categoría de grado especulativo, debido a la persistencia de déficits elevados. La agencia también cuestionó si un cambio de liderazgo tras las elecciones del próximo año sería suficiente para revertir el deterioro de las finanzas públicas.
La atención se centra ahora en la Corte Constitucional, que debe determinar si la declaración de emergencia cumple con los requisitos constitucionales. Abogados, exministros y grupos empresariales argumentan que el gobierno carece de fundamento suficiente y han instado a la Corte a anular el decreto. Si interviene rápidamente, podría desbaratar los planes fiscales del gobierno. Sin embargo, si se demora, Petro podría ganar meses para imponer cambios tributarios por decreto.
El momento favorece al gobierno. Históricamente, la corte ha tardado más de tres meses en resolver medidas de emergencia económica, y el poder judicial colombiano ya entró en receso de fin de año, con la reanudación de sus actividades prevista para el 13 de enero.
Guzmán agregó que ahora dependemos de los tribunales y de la rapidez con la que actúen.
