La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) expresó su rechazo al proyecto de resolución emitido el miércoles 7 de enero, por el Ministerio de Minas y Energía, en el que se propone la democratización de las deudas acumuladas por las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) mediante un cobro adicional de $8/kWh (ocho pesos por kilovatio-hora) a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El acto administrativo es abiertamente inconstitucional. En efecto, es por su naturaleza un acto de carácter tributario, un impuesto a los usuarios de energía que como tal hace parte de los temas que gozan de reserva de ley, esto es, que de manera exclusiva la Constitución entrega al ámbito de potestades del legislador, excluyendo de su ámbito la intervención de otros poderes del estado. Así las cosas, es inconstitucional porque no puede ser expedido por una autoridad administrativa sino únicamente por el Congreso de la República.
Impacto desproporcionado en los usuarios: La propuesta de trasladar las deudas de empresas intervenidas a los usuarios finales, es más un rescate financiero camuflado en la tarifa, que afecta directamente a los hogares y empresas que ya enfrentan altos costos en sus facturas de energía. Esta medida no considera la capacidad económica de los usuarios, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y contradice los principios de equidad y solidaridad establecidos en la Ley 142 de 1994.
Adicionalmente, la propuesta contradice el planteamiento de la Ley 142 de 1994, ARTÍCULO 94. TARIFAS Y RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS. De acuerdo con los principios de eficiencia y suficiencia financiera, y dada la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre ellos, no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales. La recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades. Este tipo de medidas ineludiblemente entran directo al bolsillo de los hogares y a los costos de las empresas, presionan precios, golpean empleo y espantan inversión. En lugar de corregir las fallas que generaron el problema, las vuelve parte de la tarifa y las convierte en un lastre permanente sobre la economía.
Responsabilidad empresarial: El pretender incluir $8/kWh en la componente de restricciones, para cubrir las deudas de las empresas intervenidas, convierte la factura de la direccionejecutiva@acce.com.co luz en una “bolsa nacional de salvamento”, que lo que logra es que la mala gestión se socializa y la disciplina financiera desaparece. Las deudas acumuladas por las empresas intervenidas son resultado de su propia gestión financiera y operativa. No es justo ni razonable que los usuarios deban asumir las consecuencias de decisiones empresariales que no les competen. La solución a estos problemas debe provenir de mecanismos que responsabilicen a los actores del sector eléctrico, no de la imposición de cargas adicionales a los consumidores.
Mensaje Equivocado: Con esta medida, no solo NO se logrará reducir el riesgo financiero en el mercado de energía eléctrica, sino que No entrará ni un solo kWh firme nuevo al Sistema, o sea que, no se corrige ninguna falla estructural y no se mejora la señal para nueva inversión real. Solo se reparten déficits. El mensaje al mercado es claro: “cuando el diseño falla, paga la demanda”.
Precedente preocupante: La socialización de deudas podría sentar un precedente peligroso, incentivando la falta de responsabilidad financiera en el sector eléctrico, al saber que las consecuencias de una mala gestión serán asumidas por los usuarios. Esto podría generar un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones encargadas de regular y supervisar los servicios públicos.
Alternativas viables: Existen otras opciones para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico sin afectar directamente a los usuarios. Es necesario que el Ministerio explore alternativas que incluyan la reestructuración de las empresas intervenidas, la búsqueda de financiamiento externo o la implementación de políticas que promuevan la eficiencia operativa y financiera en el sector. A continuación, planteamos algunas propuestas para pagar la deuda de las empresas intervenidas por la SSPD, como implementar un esquema de financiamiento que no afecte directamente a los usuarios finales:
Reestructuración de la deuda: Negociar con los acreedores de las empresas intervenidas para reestructurar los pagos, extendiendo los plazos o renegociando las condiciones de la deuda, con el objetivo de aliviar la presión financiera sin trasladarla a los usuarios.
Fondo de rescate sectorial: Crear un fondo especial financiado por el gobierno, con recursos provenientes de otras fuentes, como impuestos específicos al sector energético o aportes de las empresas que operan en el mercado mayorista de energía. Este fondo podría ser utilizado para cubrir las deudas acumuladas y garantizar la continuidad del servicio.
Inversión privada: Promover la participación de inversionistas privados en las empresas intervenidas, incentivándolos con beneficios fiscales o garantías estatales, para que asuman la deuda y contribuyan a la recuperación financiera de las empresas.
Optimización operativa: Implementar medidas de eficiencia operativa en las empresas intervenidas para reducir costos y aumentar ingresos, lo que podría ayudar a cubrir las deudas sin necesidad de recurrir a los usuarios.
Subsidios focalizados: En caso de que sea inevitable recurrir a los usuarios, se podrían implementar subsidios focalizados para proteger a los hogares más vulnerables, asegurando que el impacto económico sea mínimo para quienes tienen menos capacidad de pago.
Estas alternativas buscan garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico sin comprometer la economía de los usuarios ni trasladarles la responsabilidad de las deudas generadas por las empresas intervenidas.
Por lo anterior, hacemos un llamado al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que reconsideren esta propuesta y prioricen medidas que no vulneren los derechos de los usuarios ni afecten su economía. La confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico son fundamentales, pero deben garantizarse sin comprometer la equidad y justicia social.
En consideración a lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Gobierno, trabajar conjuntamente en pro de lograr salir con éxito del momento coyuntural que estamos atravesando, del cual debemos aprender y rescatar las experiencias vividas, para ser resilientes y proponer las modificaciones y ajustes que conlleven a una mejor operación de nuestro sistema, enfocándonos en:
Una regulación eficiente y efectiva, dirigida al desarrollo de incentivos, revisada con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional, de forma que garantice la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país
Promover las inversiones en todas las actividades de la cadena de producción
Reiteramos nuestra disponibilidad para trabajar conjuntamente con el Gobierno y sus dependencias (MME, SSPD y CREG) en aras de lograr que el país mantenga un entorno de confianza y estabilidad que favorezca a los usuarios y el desarrollo de los proyectos requeridos, para a garantizar el futuro energético y el suministro de energía a todo Colombia.
