Se termina la vacancia judicial y es hora que los magistrados retomen sus actividades, como es el caso de la demanda presentada este martes por el Consejo Gremial Nacional, ante la Corte Constitucional, para que se decrete la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica.
En el documento se pide al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, que se proponga a la Sala Plena la suspensión provisional del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, norma que dio origen a la declaratoria de emergencia.
En el escrito, el presidente saliente y representante legal del Consejo Gremial Nacional, Camilo Armando Sánchez Ortega, solicita que, en caso de prosperar la medida cautelar, la suspensión se extienda también a los decretos legislativos que el Gobierno expida con fundamento en la declaratoria de emergencia, según una nota publicada por el portal Dataifx.
De acuerdo con la solicitud se busca impedir que continúe la expedición de normas al amparo de los poderes excepcionales mientras la Corte adopta una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
«Solicito a Usted proponer a la Corte Constitucional que, en caso de que se considere pertinente suspender provisionalmente los efectos del decreto de la referencia, suspenda también, de forma provisional, los efectos de todos los decretos legislativos que el Gobierno Nacional expida con fundamento en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica», indica el texto.
El Consejo sostiene que la suspensión provisional busca evitar que se afecten principios constitucionales mientras se surte el control automático de constitucionalidad que corresponde a la Corte.
«La suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 implica que es necesaria para impedir que el uso abusivo de los poderes de excepción socave el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes», se lee en la solicitud.
El Consejo Gremial afirma que la suspensión provisional no generaría desventajas para el orden constitucional, y que, por el contrario, permitiría preservar principios como la separación de poderes y la legalidad tributaria mientras se adopta una decisión de fondo.
