La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco presentó demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026 por considerar que el Gobierno se excedió en sus funciones al crear un régimen jurídico autónomo en materia de negociación colectiva sin aval del Congreso, en abierta vulneración de los principios de legalidad y separación de poderes consagrados en la Constitución.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el decreto no reglamenta la ley, sino que la reemplaza. “El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”.
El gremio señala en la demanda que uno de los aspectos más graves del decreto es que reproduce contenidos normativos que fueron expresamente excluidos por el Congreso y advierte que el decreto impone un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, que no existe en la legislación vigente. “Esta configuración redefine estructuralmente el sistema de relaciones laborales en el país” señaló el dirigente gremial.
De igual forma, Fenalco cuestiona la imposición de nuevas obligaciones a los empleadores, particularmente en materia de suministro de información económica y estratégica, lo que afecta la libertad de empresa y el derecho a la protección del secreto empresarial. “El decreto obliga a las empresas a revelar información sensible sin que exista una ley que lo autorice. Esto genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la competitividad del tejido empresarial”, indicó Cabal.
También advierte el Gremio que el decreto introduce limitaciones materiales al derecho fundamental de negociación colectiva, especialmente en perjuicio de los sindicatos mas pequeños, al establecer reglas de representatividad que reducen su capacidad real de incidencia.
“Se están restringiendo derechos fundamentales por decreto. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Las reglas sobre derechos deben ser defi nidas por el Congreso, no por el Ejecutivo”, puntualizó.
Finalmente, el gremio cuestiona la creación de una carga económica obligatoria para trabajadores no sindicalizados, derivada de convenciones colectivas sectoriales, lo que podría asimilarse a un tributo sin representación. Se pretende imponer un pago obligatorio a trabajadores que no participaron en la negociación ni hacen parte del sindicato. Eso rompe principios básicos del sistema democrático y del derecho laboral.
“En síntesis, el decreto desborda la potestad reglamentaria, crea nuevas reglas de juego para la negociación colectiva, afecta derechos fundamentales y desconoce la competencia del Congreso de la República, razones por las cuales solicitó su declaratoria de nulidad y la suspensión provisional ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, concluyó Cabal Sanclemente.
