Los expresidentes de diferentes países y miembros del Grupo Libertad y Democracia, comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y las libertades en América Latina y el Caribe, rechazaron categóricamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda mediante las cuales desconocen la legitimidad del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y convocan a la “desobediencia civil” y a la movilización en su contra.
El resultado electoral es legítimo y está certificado por las autoridades competentes. El 21 de junio de 2026, más de 26 millones de colombianos acudieron a las urnas en la segunda vuelta presidencial. Tanto el preconteo de la Registraduría Nacional como el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmaron la victoria de Abelardo de la Espriella por más de 250.000 votos. El 24 de junio, concluido el escrutinio nacional, el CNE declaró oficialmente su elección y, el 25 de junio, le entregó la credencial que lo acredita como presidente de la República, junto con la de su vicepresidente, José Manuel Restrepo. El proceso contó con el acompañamiento de misiones de observación nacionales e internacionales y, a la fecha, ninguna autoridad jurisdiccional ha declarado irregularidad alguna que comprometa el resultado. Las acusaciones de fraude difundidas en redes sociales no constituyen prueba judicial ni sustituyen el único mecanismo legítimo para controvertir una elección en Colombia: la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, a través del debido proceso.
Desconocer anticipadamente a un gobierno electo es incompatible con la democracia que se dice defender. Resulta gravemente contradictorio que un gobierno elegido bajo el mismo sistema electoral que lo llevó al poder anuncie que no reconocerá a su sucesor, incluso antes de la posesión. En un Estado de derecho, la inconformidad con un resultado electoral no puede traducirse en el desconocimiento unilateral de la decisión ciudadana. Este discurso, sostenido además desde la propia Presidencia de la República durante el período de empalme, pone en riesgo la estabilidad institucional y el principio elemental de alternancia democrática del poder.
El llamado a la “desobediencia civil” excede la crítica política legítima. La protesta social pacífica y la oposición política son derechos fundamentales en toda democracia. Sin embargo, cuando dicho llamado se articula alrededor del no reconocimiento de la investidura presidencial y de la movilización en la fecha de instalación del nuevo Congreso, deja de ser disenso democrático y se convierte en un intento de deslegitimar, por vías extrainstitucionales, una decisión que corresponde exclusivamente al pueblo soberano y, en caso de controversia, a la justicia electoral.
Llamamos a la responsabilidad institucional durante la transición de mando. Instamos al presidente Petro a ejercer su mandato hasta el 7 de agosto conforme a la Constitución, sin utilizar el poder que aún ostenta para sembrar dudas infundadas sobre la legitimidad de su sucesor. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y a los organismos multilaterales a valorar los hechos con base en las certificaciones oficiales y las decisiones de la justicia colombiana, y no en acusaciones formuladas unilateralmente en redes sociales. Estaremos vigilantes para denunciar cualquier acción que amenace con debilitar el orden democrático en Colombia.
Colombia merece una transición en paz. El resultado del 21 de junio expresa la voluntad soberana del pueblo colombiano y reafirma la solidez de sus instituciones republicanas. Tras un ejercicio democrático libre, transparente y ampliamente participado, corresponde a todos los actores políticos —ganadores y perdedores— honrarla. El Grupo Libertad y Democracia reitera su compromiso con la democracia, la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho, y confía en una transmisión de mando pacífica y conforme a la Constitución el próximo 7 de agosto de 2026.
