La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que la economía regional crecerá un 2,0% en 2026 y un 2,5% en 2027. Estas cifras, que se comparan con una expansión del 2,4% en 2025, apuntan a una desaceleración durante el presente año y a una recuperación moderada en el siguiente, en un contexto internacional de elevada incertidumbre.
Como señaló la CEPAL en su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, presentado el 15 de octubre, las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en que operan las economías de la región.
Ante este escenario, los choques externos afectan las condiciones de la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, en particular por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. Sus consecuencias son heterogéneas: mientras algunos exportadores de materias primas pueden beneficiarse de mayores precios, las economías importadoras enfrentan presiones sobre sus costos y sobre el poder adquisitivo de los hogares.
En el mercado laboral, el empleo continúa creciendo, aunque a un ritmo menor. Esta pérdida de dinamismo limita la expansión de los ingresos y del consumo de los hogares, y dificulta avanzar en la reducción de las brechas laborales y de la informalidad. La menor creación de empleo constituye así un canal adicional de transmisión de la desaceleración de la demanda interna.
Por su parte, la inflación muestra una leve tendencia al alza, en un contexto de mayores precios de la energía y los alimentos. Estas presiones repercuten en los costos de producción y transporte, y afectan especialmente a los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes esenciales.
A ello se suma la expectativa de un encarecimiento del financiamiento internacional ante las mayores presiones inflacionarias mundiales. Esto ha llevado a incrementos en la tasa de interés en los Estados Unidos, con un aumento de 25 puntos base en septiembre, que fue el primero en tres años, así como por parte del Banco Central Europeo, que en junio y septiembre aplicó alzas de 25 puntos base cada una. Estas alzas encarecen el costo de financiamiento de los gobiernos, empresas y consumidores, con efectos sobre el servicio de la deuda y la inversión. Las presiones inflacionarias y mayores tasas de interés globales podrían reducir el margen para flexibilizar la política monetaria en las economías de la región.
Las proyecciones presentan diferencias importantes entre subregiones. América del Sur crecería 2,1% en 2026 y 2,4% en 2027. En América Central se registraría una expansión del 1,7% en 2026 y el 2,8% en 2027. Este resultado se ve influenciado por el desempeño de Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4,1% para 2026 y 4,2 para 2027. En el Caribe, el crecimiento alcanzaría un 7,4% en 2026 y un 7,0% en 2027, con una marcada incidencia del desempeño de Guyana. Al excluir a este país, las tasas previstas para el Caribe se sitúan en el 1,2% y el 1,9%, respectivamente.
Para 2027 se prevé un mayor crecimiento, en un entorno marcado por la persistencia de riesgos en el contexto internacional y por los posibles impactos del fenómeno de El Niño. Esta proyección estaría condicionada por la evolución de la demanda mundial, de los precios de las materias primas y de las condiciones financieras internacionales, así como de la capacidad de las economías de la región para sostener el consumo y la inversión.
Frente a este panorama de bajo crecimiento, la CEPAL reitera los llamados que ha venido haciendo en cuanto a la importancia de escalar las políticas de desarrollo productivo (ver el Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025), así como de promover estrategias integradas de formalización productiva. Para ello, la CEPAL propone impulsar en agendas que articulen de manera coherente políticas laborales, fiscales, financieras y de desarrollo productivo, que permitan reformular su orientación hacia el fortalecimiento de las capacidades productivas y la promoción de empleos formales y de calidad. Y así, contribuir a aumentar la productividad, acelerar el crecimiento y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.
