El Contralor General de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, impartió instrucciones para iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre varios contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ante las presuntas irregularidades denunciadas por medios de comunicación relacionadas con la adquisición de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y la utilización de recursos públicos.
Las denuncias periodísticas hacen referencia a cinco contrataciones por un valor aproximado de $20.783 millones, en las cuales se habrían presentado fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos. Estas circunstancias serán objeto de una revisión prioritaria para determinar si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si existe una eventual afectación al patrimonio del Estado.
En consecuencia, el Contralor General dispuso examinar las siguientes contrataciones:
1. Adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. Se verificarán las condiciones de adquisición, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También se revisará la aplicación de las garantías contractuales y la posible afectación de los recursos públicos.
2. Adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones. Se examinarán las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva y correspondencia con las necesidades de la entidad.
3. Contrato 043 de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, para la adquisición de 595 computadores. Se revisarán las denuncias sobre presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago de los equipos.
4. Contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, para la adquisición de un sistema de identificación biométrica. Se establecerán las razones por las cuales el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la entidad y las condiciones de planeación y ejecución contractual, con el propósito de determinar si la inversión produjo los resultados previstos.
5. Contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes, con especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la compra de mobiliario y otros elementos de dotación.
Adicionalmente, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos en su desarrollo.
Para adelantar estas actuaciones, se requerirá la documentación contractual correspondiente, incluidos los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Su análisis permitirá establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público.
Si las verificaciones permiten identificar un presunto detrimento patrimonial, la Contraloría adelantará las actuaciones fiscales que correspondan. Asimismo, cuando se adviertan hechos con posible relevancia penal o disciplinaria, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias.
El Contralor General recordó que los recursos destinados a la seguridad y la inteligencia del Estado también están sujetos a vigilancia y control fiscal. Esta labor se ejercerá con pleno respeto por las disposiciones legales sobre reserva de la información y protección de la seguridad nacional.
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó el Contralor General.
Finalmente, la Contraloría General de la República precisó que las actuaciones anunciadas responden a la información conocida a través de los medios de comunicación y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la existencia de irregularidades o responsabilidades individuales. Las conclusiones dependerán de los resultados de las verificaciones técnicas, financieras y jurídicas, con plena garantía del debido proceso y la presunción de inocencia.
