Las EPS Sura, Sanitas y Compensar alertaron sobre la difícil situación financiera que atraviesa el sistema de salud y manifestaron la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentan.

En carta dirigida al ministro de salud, Guillermo Jaramillo, indican que entre las tres empresas atienden a más de 13 millones de afiliados que podrían salir afectados, así como los 34 mil empleados y sus familias.

Allí indican que “es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”.

En la actualidad hay tres aspectos relevantes que deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de Salud, asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención a los usuarios.

El primer aspecto tiene que ver con el valor de la UPC que es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%.

Lo segundo es que no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (Perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros. El ajuste de la UPC por condiciones de salud no significa un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector, supone una distribución equitativa de los recursos entre los actores responsables.

Lo tercero es el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

Sostienen que estas problemáticas no obedecen únicamente a este último periodo, sino que se vienen acumulando desde varios años atrás por diferentes situaciones, pero que hoy requieren con urgencia ser atendidas y resueltas para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema.

“Si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, razón por la cual, nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como Gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso”.

Es necesario mencionar que tanto la EPS Sura como la EPS Sanitas y Compensar EPS no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año en curso, pues en los últimos dos años se ha agotado un capital cercano a los $400.000 millones en el caso de EPS SURA, $415.500 millones en el caso de EPS Sanitas y $278.700 para Compensar EPS, los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia.