En un urgente llamado a la acción, el experto internacional Juan Carlos Orrego, colaborador de Naciones Unidas y estudioso de la realidad colombiana, destaca la necesidad crítica de que las nuevas administraciones departamentales y municipales fortalezcan sus capacidades en la gestión de riesgos.

Este llamado cobra especial relevancia tras los desastres ocasionados por el fenómeno de La Niña 2021-2023, que afectaron con mayor fuerza a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, Guajira, parte de César, Atlántico, región litoral del Cauca y Chocó en la costa pacífica. En estas regiones, desafíos comunes como la pobreza, inseguridad alimentaria e inundaciones recurrentes se han vuelto una realidad crítica.

El sector agro fue el más perjudicado, sufriendo el 42,47% de los daños totales. Pérdidas notables en la producción de café, maíz, arroz, yuca, plátano, avena, arveja, banano y cebolla evidencian la vulnerabilidad del tejido productivo ante eventos climáticos extremos. La ganadería también experimentó impactos significativos.

Contrastes Regionales y disparidades en la inversión

Contrastando con esta situación, Orrego señala que departamentos como Antioquia, Caldas, Santander y ciudades como Bogotá han avanzado exitosamente en fortalecer sus capacidades de gestión de riesgos. Sin embargo, La Guajira, Chocó, Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena, enfrentan desafíos significativos que demandan una atención inmediata.

Con una experiencia de 30 años en el sistema nacional de gestión de riesgos, Colombia ha enfrentado altibajos, marcados por episodios de corrupción que han afectado la efectividad de sus medidas preventivas. Orrego destaca la disparidad en la inversión, evidenciando que ciudades como Bogotá y Medellín destinan 30 mil pesos por habitante/año, mientras que la gran mayoría de los municipios invierten apenas entre dos mil pesos y 5000 pesos.

Acciones urgentes para un futuro sostenible

Para garantizar una preparación sostenible en el futuro, el experto subraya la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales y municipales en la gestión de riesgos. Mejorar la capacidad fiscal y financiera, especialmente a nivel municipal, se vuelve crucial, así como la urgente tarea de redirigir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abordando sus actuales debilidades.

En la perspectiva de Juan Carlos Orrego, las nuevas administraciones enfrentan el desafío de abordar proactivamente la reducción de riesgos desde el inicio de su gestión. Este enfoque implica una gobernanza anticipativa, considerando a fondo los riesgos, reduciéndolos y preparándose adecuadamente. La clave, según el experto, radica en otorgar una relevancia política significativa a la gobernanza de riesgos.

Marco de Sendai y Experiencia de Japón

Orrego destaca que la gobernanza efectiva de riesgos debe convertirse en una herramienta anticipativa desde el inicio de los mandatos. Se enfatiza la necesidad de entender a fondo los posibles riesgos, reducirlos y asignar relevancia política a la gobernanza de estos, alineándose con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas.

Se destaca la experiencia de Japón como un ejemplo de resiliencia ante desastres, gracias a medidas integrales que incluyen normativas de construcción estrictas, sistemas avanzados de alerta temprana y una gestión coordinada entre gobierno, sector privado y comunidades.

Orrego realza la importancia de conocer a fondo los riesgos, prepararse y asignar el peso político necesario a la gobernanza de riesgos. Advierte que las capacidades para enfrentar crisis en Colombia son inferiores a los retos que avanzan más rápido que las soluciones. La creciente frecuencia de desastres, como incendios forestales y las limitadas capacidades de respuesta, reflejan la subestimación de la gestión de crisis en el país.

En este contexto, las nuevas administraciones deben anticiparse a las crisis desde el inicio de su gestión. Esto implica el establecimiento de una oficina coordinadora de gestión de riesgos con liderazgo técnico y capacidad de coordinación interinstitucional. Se destaca la importancia de contar con un equipo humano debidamente capacitado y realizar un análisis exhaustivo de los riesgos presentes en el territorio.

Lecciones aprendidas y desafíos emergentes

En los últimos cuatro años, la resiliencia de los municipios colombianos ha sido puesta a prueba, enfrentándose a dos crisis de magnitudes significativas. La pandemia de COVID-19 golpeó el 99,73% de los municipios, mientras que las inundaciones asociadas al fenómeno de La Niña afectaron el 49% de los municipios, es decir 537, generando inundaciones en 396 poblaciones, movimientos en masa en 164 y avenidas torrenciales en 23. La región Caribe y el sur de la costa Pacífica fueron particularmente afectados.

Estas crisis dejaron un impacto humano severo, exacerbando la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y afectando la salud, educación y medios de vida. Los efectos económicos del COVID-19 se reflejaron en una contracción del 7% en la economía en 2020, mientras que los daños y pérdidas por La Niña representaron el 1,5% del PIB en 2022, según el Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda.

El futuro se presenta desafiante, con eventos como la actividad del volcán Nevado de El Ruiz, deslizamientos en la vía al Llano y sismos en el piedemonte llanero en noviembre de 2023 comprometiendo importantes recursos territoriales y nacionales. Estos incidentes han expuesto la fragilidad de la infraestructura y la necesidad de un enfoque integral en la gestión de riesgos.

Orrego destaca que las capacidades para enfrentar crisis en Colombia son inferiores a los retos, con los riesgos avanzando más rápido que las soluciones. Entre enero y octubre de 2023, los incendios forestales aumentaron de 746 a 2378 a nivel nacional. Sorprendentemente, 322 municipios carecen de un cuerpo de bomberos, ya sea oficial o de voluntarios.

Inversiones y retos estratégicos para la gestión de riesgos

Además, los presupuestos municipales y departamentales destinados a la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático no han experimentado un aumento significativo desde 2016, reflejando una subestimación de la gestión de crisis en el país. El impacto de los desastres en sectores como el agropecuario, infraestructura vial, vivienda, ambiente y servicios públicos es alarmante.

Por ejemplo, el sector agropecuario registró daños por 8,6 billones de pesos, debido a La Niña 2021-2023, mientras que vivienda, educación e infraestructura también presentaron pérdidas significativas.

En este contexto, las nuevas administraciones territoriales enfrentan el desafío de anticiparse a crisis desde el inicio de su gestión, aprendiendo de experiencias pasadas. Se hace necesario establecer oficinas coordinadoras de gestión de riesgos con liderazgo técnico y capacidad de coordinación interinstitucional, lideradas por figuras cercanas a los mandatarios.

Indica el experto Orrego, que una acción inmediata de los gobernantes es garantizar la incorporación de la gestión de riesgos y el manejo de crisis en los planes de desarrollo actualmente en formulación. Esta acción debe llevar a fortalecer las capacidades del enfoque de sostenibilidad y reducción de riesgos de forma transversal, especialmente en sectores como el agropecuario, vial y educativo.

Otro enfoque relevante en la planificación del desarrollo en los territorios es incorporar soluciones promovidas por el gobierno nacional de reducción de riesgos basadas en la naturaleza, así como el ordenamiento territorial alrededor del agua especialmente para reducir el impacto de inundaciones y sequías.

La experiencia finlandesa de anticipación de crisis a través de normativas y de creación de reservas estratégicas que aseguran provisiones y reservas brinda un modelo a seguir. Este enfoque proactivo implica la estimación detallada de escenarios y la planificación de mejoras necesarias para fortalecer la resiliencia ante crisis. Se propone un abordaje integral que considere factores geográficos, económicos y demográficos de cada región, permitiendo una gestión más eficiente y adaptada a las características específicas de cada territorio.

Los impactos recientes y las lecciones aprendidas resaltan la necesidad urgente de inversiones estratégicas, tanto en recursos financieros como en capacitación y fortalecimiento institucional. Las nuevas administraciones tienen la responsabilidad de enfrentar estos retos con una visión anticipativa, priorizando la gestión de riesgos como pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la protección de las comunidades frente a eventos adversos. “Colombia ha sido tradicionalmente un referente muy importante de políticas públicas en América Latina y el Caribe. Sin embargo, ha venido perdiendo protagonismo, lo que hace más necesario mejorar la gestión y el liderazgo de resultados desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y las oficinas territoriales”, concluye Orrego.