(Reuters) – El Congreso de Colombia aprobó el martes un proyecto de ley impulsado por el presidente Abelardo De La Espriella, que ofrece beneficios penales, bajo algunas condiciones, a los integrantes de los grupos armados ilegales que se sometan a la justicia, sin otorgarles estatus político ni abrir negociaciones de paz.
El proyecto, que reemplaza la política de «paz total» de su antecesor de izquierda, Gustavo Petro, fue aprobado con 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, y 95 a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes.
La iniciativa, que deberá pasar por un trámite de conciliación entre el Senado y la Cámara, es uno de los primeros triunfos en el Congreso del mandatario de derecha, que prometió en campaña acabar con las negociaciones de paz con las guerrillas izquierdistas y las bandas criminales, así como lanzar una ofensiva militar contra esas organizaciones.
De La Espriella no tiene una sólida coalición en el Congreso, en donde la derecha está atomizada y el izquierdista Pacto Histórico es la fuerza con el mayor número de congresistas.
Los integrantes de los grupos armados ilegales que quieran acogerse deberán dejar las armas, identificar a sus miembros, entregar a los menores reclutados y a los secuestrados, cesar sus actividades ilícitas, contribuir a la búsqueda de desaparecidos, entregar bienes y dar información sobre sus nexos políticos y redes de corrupción.
A cambio, la ley establece rebajas de pena de hasta un 50% para combatientes y de hasta un 30% para comandantes, condicionadas a compromisos verificables, como reparar a las víctimas.
Sin embargo, no podrán acceder a beneficios quienes hayan sido condenados por reclutar menores de 18 años o sean responsables de ese delito.
La ley, que después del trámite de conciliación pasará a sanción del presidente, no suspende la ejecución de las órdenes de captura, la extradición, las operaciones de la Fuerza Pública ni la acción penal para quienes no se sometan.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026.
«Aprobamos una ley que respalda a las víctimas, que es absolutamente fuerte y coherente con el crimen, que no permite zonas de distensión donde se reúnan personas a seguir delinquiendo, no admite suspensión de órdenes de captura, de extradición, es fuerte con los reclutadores y protege a los menores», dijo el ministro de Justicia, Iván Cancino.
«No hay ley perfecta, pero con esta se hizo un excelente trabajo y se le da al país una buena herramienta», precisó el funcionario en el Congreso.
El aumento del 90% en el número de integrantes fue impulsado, según analistas y el actual Gobierno, por las fallidas negociaciones de paz de Petro, quien suspendió órdenes de captura y de extradición, y pactó ceses al fuego que aprovecharon las organizaciones para aumentar sus combatientes y expandir su control territorial en zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
Colombia enfrenta un conflicto armado de más de seis décadas, que se financia con la producción y el tráfico de cocaína, así como la extracción ilegal de oro, y que ha dejado unos 450.000 muertos y millones de desplazados.
