(EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia tiene constancia del secuestro de 91 personas en lo que va de año y que aún siguen privadas de libertad, según le hizo saber al Gobierno en una carta donde además advierte de que podría haber un subregistro de casos.
En una carta dirigida al alto comisionado para la paz y jefe negociador con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Otty Patiño, y al jefe negociador con la principal disidencia de las FARC, Camilo González, la Defensoría dio una lista con los nombres de las 91 personas secuestradas, con el lugar y la fecha donde fueron raptadas.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo la pasada semana un llamado al ELN, que comenzó el 4 de diciembre el quinto ciclo de diálogos con el Gobierno, para que deje de secuestrar después de que se conociera que esta guerrilla fue la responsable del rapto del padre del futbolista Luis Díaz, lo que puso en crisis la mesa de negociaciones.
«El secuestro es una de las prácticas más atroces y represivas que vulnera el Derecho Internacional Humanitario (prohibición de tomar de rehenes civiles) así como los derechos humanos», asegura el defensor en la carta enviada ahora al Gobierno.
La lista de 91 personas secuestradas sale de la información recabada por esta entidad en todo el país y de datos suministrados por sus familiares.
Sin embargo, la Defensoría advierte de que «es muy posible la existencia de un alto subregistro, toda vez que las familias de las víctimas, por temor a represalias de los grupos armados ilegales, no lo han puesto en conocimiento de las instituciones».
Además, entre los secuestrados hay al menos tres menores de edad «cuyo paradero es incierto».
El motivo de la carta, entre otros, es hacer un llamado a las dos mesas de negociación actuales, cuyos equipos de Gobierno dirigen Patiño y González, para que se aborde «de manera prioritaria la identificación de los grupos que tienen en su poder a las personas del listado».
Y también se pide su «liberación inmediata como una manifestación clara de voluntad para avanzar hacia la paz».
Asesinatos de defensores y líderes sociales
De otro lado, la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia ha costado la vida a 150 personas en los primeros once meses del año en el país, según denunció este lunes Human Rights Watch (HWR).
«Colombia: hemos documentado 150 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales ocurridos entre enero y noviembre de este año», manifestó esa organización en su cuenta de X en la que además documenta los 16 asesinatos ocurridos el mes pasado.
La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es particularmente grave en los departamentos sureños de Cauca, Huila y Putumayo, con tres asesinatos en cada uno en noviembre.
Los otros crímenes fueron perpetrados en Antioquia y Norte de Santander, dos en cada departamento, y los tres restantes en Arauca, Córdoba y Nariño, según HRW.
El subdirector para las Américas de HWR, Juan Pappier, dijo a EFE que aunque los 150 asesinatos cometidos este año muestran «una reducción significativa en comparación con 2022», cuando hubo 215 según la Defensoría del Pueblo, siendo el año más violento para defensores desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de la FARC, «la cifra sigue siendo aterradoramente alta».
«Cada defensor asesinado significa que hay una comunidad en Colombia más vulnerable ante los abusos y el control de grupos armados y criminales», manifestó.
Pappier señaló además que para detener esta matanza el Gobierno «necesita fortalecer sus políticas de seguridad, reforzar y simplificar sus mecanismos de protección y prevención y hacer esfuerzos mucho mayores para avanzar en estrategias judiciales que busquen desmantelar a los grupos armados que operan en el país».
«Estos asesinatos no se van a frenar solo a punta de buena voluntad y compromiso con las comunidades en zonas remotas del país», puntualizó.
De hecho, los 16 líderes o defensores asesinados en noviembre eran en su mayoría dirigentes comunales o indígenas de pueblos apartados del país que son los más golpeados por la violencia de los grupos armados ilegales.
