(EFE).- Los funcionarios públicos fueron el principal agresor de la prensa en Colombia durante 2023, año con cifras «alarmantes» de violencia, incluido el asesinato del periodista Luis Gabriel Córdoba, señala la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un informe divulgado este viernes.

En 2023 la FLIP documentó 460 casos de ataques contra la prensa que tuvieron como blanco a 505 periodistas, según el informe, divulgado en el Día del Periodista en Colombia.

En los últimos tres años las agresiones por parte de funcionarios a periodistas han aumentado, reseñó la FLIP, y en 2023 tanto funcionarios como servidores públicos -concejales, alcaldes, gobernadores y el mismo presidente, Gustavo Petro- «estigmatizaron a la prensa cuando se cubrieron temas relacionados con su gestión y sobre las elecciones».

También acosaron judicialmente y obstruyeron el acceso a la información pública de profesionales de la comunicación.

En total hubo 121 agresiones por parte de servidores públicos contra periodistas por razones vinculadas a su oficio, concentradas en Bogotá (37) y los departamentos de Antioquia (15) y Valle del Cauca (8).

«La censura que instalan los funcionarios lesiona seriamente la democracia, pues busca inhibir publicaciones periodísticas sobre la gestión pública, y desincentivar veedurías que la prensa hace sobre los poderes públicos (…) Funcionarios quienes, antes de responder a las informaciones periodísticas, deciden desprestigiar a los mensajeros y no atender al mensaje», condenó la FLIP.

Según el informe, cada tres días un funcionario agredió a la prensa el año pasado.

Amenazas, la agresión más recurrente

La amenaza es la agresión más recurrente contra la prensa en Colombia, aunque por primera vez en tres años, en 2023 disminuyeron. Aún así, se notificaron 158, un número «que sigue siendo elevado si se compara con los registros» de la FLIP de cinco años atrás.

Los autores de las amenazas suelen ser desconocidos con el objetivo claro de acallar al periodista. Se trata, además, de una forma de ejercer violencia que tiene un impacto en los entornos más cercanos de los periodistas.

«La falta de investigación y esclarecimiento de estas agresiones permite su continuidad a lo largo del tiempo», alertó la FLIP.

En cuanto a la violencia de grupos armados, en 20 de los 32 departamentos del país se notificaron agresiones para presionar e intimidar a periodistas, con un total de 81 acciones a manos de organizaciones ilegales.

El informe recuerda que el 9 de mayo de 2023 fue asesinado Luis Gabriel Pereira en Ciénaga de Oro, en el departamento caribeño de Córdoba, después de que su portal Notiorense tuviera notoriedad al publicar información de capturas, accidentes y orden público.

Sobre su asesinato no hay información ni ha habido avances en la investigación judicial, denunció la FLIP.

Pereira se suma a otros 164 periodistas que, de 1977 a 2023, han perdido sus vidas por razones vinculadas a su oficio.

Dificultades para informar de elecciones

En las elecciones locales de 2023 se registraron 55 agresiones, lo que supone 14 más que en los mismos comicios de 2019 en las que 61 periodistas fueron agredidos tanto en el cubrimiento de las campañas como de las elecciones.

Políticos, candidatos, simpatizantes, grupos armados ilegales y fuerza pública son algunos de los actores que presionan, intimidan o agreden a periodistas en tiempos electorales, añade el estudio.