Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores de la fracasada “paz total”.
Así lo advirtió el gobierno actual al indicar que dicha cifra no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario.
Por eso, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, desde el pasado 7 de agosto, se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
Esta medida abarca las mesas de negociación entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Asimismo, concluyen los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, al igual que con las estructuras criminales operantes en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. De igual manera, se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley. Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.
