(Agencias).- Los miembros de la cúpula de la extinta guerrilla FARC recibieron este martes la máxima sentencia, acordada por ellos, por 21.000 secuestros en Colombia, y deberán pagar con ocho años de trabajos, búsqueda de desaparecidos y otras penas alternativas a la cárcel, según un fallo del tribunal surgido del acuerdo de paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por los mismos exguerrilleros para que los juzgarán, determinó que siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, hoy congresista, deberán trabajar por ocho años en la búsqueda de personas desaparecidas, recuperación del medio ambiente, en medio de restricciones a la movilidad y la obligación de realizar otras actividades para dignificar a las víctimas, de acuerdo con lo estipulado en el pacto de 2016 que llevó a su desarme y transformación en partido político.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró victimarios a los excomandantantes del llamado Secretariado de 21.396 personas secuestradas antes de dejar las armas.

Son culpables «en calidad de autores de responsabilidad por los crímenes de guerra, de tortura, tratos crueles», dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos.

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los guerrilleros, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva dieron la vuelta al mundo.

Los antiguos máximos jefes de la guerrilla admitieron su responsabilidad en la implementación de una política para secuestrar civiles, políticos, militares y policías y someterlos a tratos crueles durante el cautiverio que, en algunos casos, incluyeron violencia sexual.

El secuestro es uno de los crímenes más repudiados por la sociedad colombiana, que vio en cadenas nacionales de televisión pruebas de supervivencia en las que los rebeldes mantenían encadenadas a sus víctimas o encerradas en jaulas con alambres de púas en medio de la inhóspita selva.

“El uso de estas jaulas fue deliberado y excedió la necesidad de prevenir fugas: se convirtió en un método sistemático de maltrato que violó la dignidad humana”, indicó el tribunal en el comunicado sobre la sentencia. “Las víctimas debían orinar y defecar en el mismo lugar de encierro o en recipientes inadecuados, bajo la vigilancia de los guerrilleros”, agregó.

Según la JEP, los rebeldes emplearon los secuestros como modo de financiamiento, intercambio de prisioneros y control de territorios.

Además, se les responsabilizó de otros delitos como homicidios, privaciones de libertad, violencia sexual, desapariciones y desplazamientos forzados perpetrados por efectivos bajo sus mandos

«La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz reaviva la exigencia de verdad y justicia para miles de víctimas. Esta decisión es una burla para las cientos de víctimas que no fueron escuchadas y menos reparadas ante el terrorismo que sufrieron por parte de las FARC que cometió delitos de guerra y lesa humanidad», se expresó en X la senadora María Fernanda Cabal.

El General (r) de la Policía, Luis Herlindo Mendieta Ovalle, secuestrado en la Toma de Mitú en 1998, indicó que las sanciones impuestas no satisfacen completamente las expectativas de reparación y verdad. Cuestionó que la sanción no obliga a los criminales a entregar a los desaparecidos.

“En este momento pues con sorpresa porque nuevamente se imponen los 8 años, pero únicamente los obligan a esas sanciones propias que ellos mismos diseñaron (…) aquí hay una impunidad total, la sentencia de hoy, diríamos que produce un sufrimiento adicional a esa cantidad de víctimas, allí muchos estaban reclamando únicamente la entrega de su ser querido que fue secuestrado y desaparecido, a muchos no le interesaba la reparación sino únicamente esa entrega y hoy con esta sentencia pues no se obliga por parte de la JEP a esos criminales a entregar a esas personas”.

Por su parte, Ingrid Betancourt, recordó que “había cadenas livianas para aquellos que querían premiar y había cadenas muy pesadas para las mujeres y en particular para mí. Yo todavía guardo las marcas de las cadenas del cuello. Había un guerrillero muy particular que se había ensañado contra mí y que me apretaba tanto la cadena que yo no podía pasar saliva”.